La Guardia Civil ha detenido a cinco empresarios acusados de apropiarse del dinero de concursos públicos de geriatría y asistencia que se adjudicaban, aunque a la hora de la verdad se desentendían de sus obligaciones, dejando 34 millones de deuda, 2.000 trabajadores afectados y 750 ancianos sin servicio.
Según han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación, en la operación se ha detenido a los administradores de las sociedades Instituto Geriátrico Fénix, Grupo BB Serveis y Asistencia Global Centro y se han practicado siete registros en sus domicilios y empresas, situados en Barcelona, Sitges (Barcelona) y Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
En un comunicado, la Guardia Civil ha detallado que la investigación se inició en junio del pasado año, a instancias del juzgado de instrucción número 11 de Barcelona, tras recibir una querella contra los administradores de estas sociedades, acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra el derecho a los trabajadores, apropiación indebida, alzamiento de bienes y delito societario.
Los investigadores han concluido que los responsables de las empresas bajo sospecha constituyeron sociedades franquiciadas del Grupo BB Serveis por toda España, que controlaban desde Barcelona, con los que se presentaban a concursos públicos en ayuntamientos y comunidades autónomas para la adjudicación de servicios de geriatría y de asistencia domiciliaria de dependientes.
Sin embargo, una vez que lograban los contratos, los detenidos se desentendían supuestamente de todas sus obligaciones y se preocupaban únicamente de recaudar el dinero de los contratos, sin cumplir con requisitos básicos como los pagos a la Seguridad Social, los tributos a Hacienda y los suelos de los trabajadores.
Según la Guardia Civil, los detenidos habían establecido un entramado societario con el que lograron distraer los beneficios obtenidos, en lugar de revertirlos en la sociedad o en los trabajadores.
Los acusados crearon un entramado societario, tanto en España como en paraísos fiscales, para desviar el dinero, para lo cual pusieron a testaferros al frente de empresas, algunos de los cuales tenía su nombre a más de 200 sociedades, mientras que otros estuvieron implicados en el caso de espionaje político Método 3.
La Guardia Civil eleva a 34,6 millones de euros el dinero que la supuesta trama adeuda a los diferentes acreedores, entre los que figuran administraciones públicas, entidades financieras, proveedores y trabajadores, mientras que la situación patrimonial actual de la sociedad investigada arroja un déficit de 19,4 millones de euros.
En total, los investigadores calculan que esta supuesta trama ha dejado en España a más de 2.000 trabajadores afectados desde el año 2010 y que la fraudulenta administración de los acusados ha dejado a 750 personas mayores sin recibir asistencia.
Algunos trabajadores del Grupo BB Serveis, que dejaron de cobrar sus salarios desde 2010, constituyeron una plataforma de afectados, desde que fueron despedidos durante un ERE ilegal en 2012.
En los registros efectuados, la Guardia Civil se ha incautado diversa documentación y material relacionado con la actividad supuestamente delictiva del grupo, así como vehículos y dinero en metálico.
