La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente del Ministerio de Hacienda, no ha podido elaborar un informe definitivo sobre el entramado societario de Rodrigo Rato porque los documentos, incautados en su domicilio en abril de 2015, no están correctamente paginados.
El propio exvicepresidente del gobierno ha mostrado su sorpresa a Efe porque Hacienda no haya sido capaz de elaborar su informe final a estas alturas, cuando hace ya diez meses que registraron su domicilio y le detuvieron durante horas.
Según relata el sumario, al que ha tenido acceso Efe, tras el registro practicado en el domicilio de Rato el 16 de abril, los documentos incautados fueron trasladados a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).
Días después, el 26 de ese mismo mes, la secretaria judicial comunicó a la ONIF que “en quince minutos” procedería a desprecintar las cajas que contenían los documentos.
Pese a la dificultad que entrañaba “atender adecuadamente esa petición en quince minutos”, los funcionarios del organismo hicieron lo que se les pedía.
Cinco minutos después de recibir la llamada de la secretaria judicial, relata el sumario, llegó a las oficinas de la ONIF el propio Rato, acompañado de su abogada, con la idea de colaborar en la apertura de las cajas que contenían los documentos.
Y diez minutos después llegó la propia secretaria judicial, que procedió a firmar y sellar los documentos de una de las cajas, “pero no procedió al foliado de los mismos”, razón por la cual la ONIF no ha podido elaborar un nuevo informe, ya que es preciso que quede bien claro de dónde procede cada documento.
Además de aclarar que no podía elaborar un informe si los documentos no estaban convenientemente numerados, la ONIF solicitó que se le precisaran “las competencias que tiene en relación con el análisis de dicha documentación” y “cuáles eran sus obligaciones de información”.
El sumario revela además que el registro practicado el 16 de abril en el domicilio de Rato incluyó también el de otra vivienda situada en el mismo inmueble propiedad de su hermana, con objeto de recuperar documentos relacionados con la empresa Rodanman, parte del entramado societario de Rato y el abogado Domingo Plazas.
Pero durante la operación de desprecintado de las cajas, Rato alegó que la sede de Rodaman no estaba en la vivienda de su hermana, por lo que los documentos incautados en el domicilio de ésta no tenían relación alguna con el caso.
Rato declaró ayer durante unos 40 minutos ante el juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid sobre su fortuna, y ante el juez defendió el origen “lícito y legítimo” de sus actividades profesionales.
Tras su declaración, el juez Serrano-Arnal no le impuso ninguna medida cautelar y mantuvo su situación procesal como investigado (imputado), después de que Rato trasladara tanto al magistrado como a la fiscal que toda su actividad profesional ha sido “declarada y tributada”.
Se trata de la tercera ocasión en la que Rato comparece ante Serrano-Arnal por esta causa, tras hacerlo en julio del año pasado -aunque entonces se negó a declarar-, y en octubre, momento en el que el magistrado le retiró el pasaporte.
El también ex director general del Fondo Monetario Internacional (FMI) está acusado de varios delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.