La investigación abierta por un juzgado de Barcelona contra exaltos cargos de Adif acusados de hinchar supuestamente el presupuesto de varias obras del AVE en Barcelona ha destapado un desvío de unos 31 millones de euros, según han informado a Efe fuentes cercanas al caso.
El juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, que mantiene imputados a dos exresponsables de Adif, un ingeniero, un jefe de obras y un representante de la empresa Corsán, la concesionaria de las obras bajo sospecha, dispone de nuevos datos fruto de la investigación que elevan la cifra supuestamente desviada de los 6 millones que se creían inicialmente hasta los 31 millones.
Los nuevos datos aportados al juez, entre ellos una auditoría encargada por Adif, incluyen sobrecostes aparentemente no justificados en obras en más tramos del AVE a Barcelona del inicialmente bajo sospecha, según las mismas fuentes.
La Fiscalía Anticorrupción lleva meses detrás de este caso, ante la sospecha de que los implicados alteraron de forma repetida las mediciones técnicas de los trabajos adjudicados en las obras del AVE de Madrid a Barcelona, falsearon posteriormente las certificaciones oficiales de la obra ejecutada y camuflaron el desvío en la certificación final para dar justificación aparente a más trabajos de los que realmente habían efectuado.
Con este mecanismo, Anticorrupción estima que los detenidos generaron un sobreprecio ilícito en beneficio de la contratista Isolux Corsan -inicialmente estimado en unos 6 millones de euros-, parte de los cuales fueron a parar a los antiguos responsables de Adif implicados en forma de dádivas.
Ante el juez, los cinco acusados de malversación alegaron en mayo de 2014 que el sobrecoste final -entonces estimado en 6 millones de euros- obedecía a los flecos por unas obras que se habían llevado a cabo y que todavía no habían cobrado, ya que estaban ultimando la certificación final para acreditarlo.
En marzo de 2008, la contratista Corsán Corviram, ahora integrada en Isolux Corsán, se adjudicó en concurso público las obras del AVE en el tramo entre la futura estación de La Sagrera y el nudo de la Trinidad por un importe de 67,9 millones, frente a los 98,6 millones de euros presupuestados.
Los excargos de Adif imputados alegan que en 2011 se acordó una modificación para incrementar el presupuesto en 13 millones de euros, dentro del marco legal fijado en un 20% sobre el presupuesto inicial.
Posteriormente, en el tramo final, el presupuesto se incrementó de nuevo en unos seis millones de euros -la cantidad que la Fiscalía sospechaba inicialmente que los acusados habían malversado- para acometer unas obras.
A cambio de este sobrecoste, el fiscal sospecha que el entonces gerente de obras de Adif Jaime G.G. fue invitado a un viaje a Aspen junto a un responsable de Corsán -meses antes de que se adjudicaran las obras-.
Según la auditoría encargada por Adif y remitida al juzgado, de la que hoy da detalles El País, la lista de distorsiones que explica la diferencia de costes entre lo presupuestado y el coste real es extensa, ya que los proyectos incluyen conceptos como el uso de barreras new jersey de hormigón o láminas geotextiles que no se han encontrado y sólo se han contabilizado 678 soldaduras -la mitad de las previstas-, y en lugar de hormigón para los postes se usaron placas metálicas atornilladas y remachadas.
