El Ayuntamiento de Terrassa ya tiene una primera estimación del coste que representará para la ciudad liquidar la concesión del servicio del agua a Mina, un contrato que vence sus 75 años de vigencia el próximo 31 de diciembre de 2016. El comisionado del agua, Joan Gaya, calcula que la adquisición por parte de la adminstración de los bienes no revertibles, hoy en manos de la compañía, tendrá un coste “inferior a los 2 millones de euros”, una cantidad estimada que podría ser incluso inferior, dijo, y que en cualquier caso “no será nula, pero tampoco prohibitiva”.
Gaya dio la cifra el lunes por la noche en el marco de la comisión informativa de Territorio y Sostenibilidad, en la que compareció para explicar en qué punto se encuentra el proceso de liquidación. En este momento, la lista de activos revertibles -que pasarán a manos de la administración a coste 0- y de los no revertibles elaborada por el Ayuntamiento y Mina en 2001 sigue siendo provisional, a la espera de un inventario definitivo. El comisionado informó de que confía en tener listos los grandes números de la liquidación para Semana Santa.
Servicios jurídicos externos
En su comparecencia ante los grupos municipales, Joan Gaya explicó que en este momento la información solicitada a Mina fluye, aunque la compañía sigue negándose a facilitar datos datallados sobre el personal y sobre la relación de abonados, por entender que se trata de información confidencial. “Cuando hablamos de subrrogación de personal al futuro gestor del servicio, esta está va vinculada a la reversión de determinados activos”, comentó Gaya, que citó el laboratorio como ejemplo de activo no revertible.
El tema preocupa a los trabajadores de Mina. El comité de personal ha mantenido reunión con el comisionado para conocer los detalles del proceso de liquidación y el futuro de sus puestos de trabajo.
Aunque la comunicación entre Mina y el Ayuntamiento es constante, las discrepancias entre la administración y la compañía continúan acentuándose y todo apunta a que parte del proceso puede acabar en los tribunales. Joan Gaya anunció el lunes que ha solicitado un refuerzo en su equipo de trabajo y la próxima contratación de servicios jurídicos externos.
El Ayuntamiento busca un gabinete “experto e independiente” que analice aspectos clave del proceso como los derechos y deberes derivados del contrato suscrito con Mina en 1941. También de las situaciones jurídicas de las concesiones de aguas que abastecen Terrassa (planta de captación en Abrera, minas, pozos) y su situación concesional. La administración quiere tener un dictámen jurídico sólido que fije su margen de maniobra en el momento de vencimiento del contrato.
La titularidad, indiscutible
La oposición se interesó el lunes por conocer el calendario del expediente de establecimiento del servicio o expediente de municipalización del agua, que el gobierno espera llevar al pleno del mes de abril. Mina ha cuestionado que la administración local sea la titular del servicio en Terrassa, a lo que ésta ha respondido con un informe juridico que avala que el Ayuntamiento ha ejercido como titular desde 1941.
Pese a ello, el gobierno está dispuesto a impulsar un expediente de municipalización “jurídicamente innecesario, pero técnicamente recomendable, por si alquien tiene alguna duda.
El lunes, en comisión, la oposición pidió al teniente del alcalde de Territorio y Sostenibilidad, Marc Armengol, que refuerce ese gesto con el pronunciamiento unanime del pleno sobre la titularidad municipal del servicio del agua en la ciudad.
El expediente de establecimiento del servicio incluirá una memoria del mismo, un plan director, datos sobre tarifas y prescripciones técnicas y económicas del servicio.
Ese expediente, que se verá en el pleno de abril, sentará las bases para el debate y la decisión sobre el nuevo modelo de gestión del agua en Terrassa.
Armengol reiteró ayer que la decision se someterá a la opinión de la ciudadanía en una consulta que se llevará a cabo “antes de verano”. En este sentido, el principal grupo de la oposición, Terrassa en Comú, y su portavoz, Xavier Matilla, criticó en comisión que aún no se haya volcado información ni documentos en la web del “proceso deliberativo” anunciado por Itzíar González.
