El Síndic de Greuges ha acusado hoy a los Maristas de Sants de ocultar los abusos en el centro al no avisar a la Generalitat de una denuncia de 2011 contra el profesor Joaquim Benítez y ha recriminado al Govern su descoordinación y fallos y que no aplicara el protocolo contra el maltrato infantil.
En rueda de prensa, el Síndic, Rafael Ribó, ha sido muy duro tanto con la dirección de los Maristas como con los distintas consellerías de la Generalitat implicadas -Enseñanza, Asuntos Sociales e Interior-, porque en 2011 no activaron el protocolo que se estableció en 2006 a raíz del “caso Alba” ni los mecanismos de protección pese a que un alumno se había quejado de abusos por parte de Benítez, por lo que no dieron “una respuesta como gobierno”.
A raíz de las quejas del alumno, los Maristas acordaron con Benítez que este dejara voluntariamente el centro y posteriormente el Vicario Provincial lo denunció ante la Fiscalía, si bien el caso acabó archivado porque la dirección del centro se negó a facilitar información a los Mossos d’Esquadra, los padres desistieron de presentar denuncia en el juzgado y el ministerio público optó por no pedir que la causa prosiguiera sin denunciante.
Cinco años después, cuatro exalumnos sí que han denunciado a Benítez en los juzgados, lo que ha llevado al exprofesor a confesar sus abusos y ha destapado otros supuestos casos en los Maristas de Sants-Les Corts, entre ellos el de un monitor, que fue detenido en diciembre pasado, y un subdirector, que ha sido apartado del centro.
El Síndic se ha reunido hoy con representantes de las consellerías implicadas y con representantes de los Mossos d’Esquadra, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la Fiscalía Superior de Cataluña y la Delegación del Gobierno en Cataluña para analizar su actuación y buscar medidas para evitar que se repitan casos de descoordinación parecidos.
En rueda de prensa, el Síndic ha advertido que ha detectado descoordinación y falta de comunicación entre la escuela, el Departamento de Enseñanza y la Fiscalía, falta de coordinación con los Mossos d’Esquadra y la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA), así como el incumplimiento “flagrante” del Protocolo Marco contra el maltrato infantil firmado en 2006 a raíz del “caso Alba”.
Según Ribó, en este caso ha “fallado estrepitosamente” la aplicación del Protocolo de 2006, por lo que ha vuelto a convocar a todas las partes a una nueva reunión, el próximo 17 de marzo, para abordar medidas que eviten que se repitan situaciones parecidas.
El Síndic ha denunciado que la cúpula de los Maristas de Sants-Les Corts “no respondió como lo tendría que haber hecho”, ya que pese a que el Vicario Provincial denunció ante la Fiscalía a Benítez en 2011, no comunicó el caso ni a la consellería de Enseñanza ni a la DGAIA, pese a que entiende que los protocolo de protección del menor le obligan, aunque no sea un centro público.
Los Maristas, según Ribó, ocultaron las quejas del alumno sobre Benítez a las autoridades responsables sobre el tema y también lo silenciaron ante la comunidad educativa y las familias.
Ribó también considera que pese a que la familia de este alumno decidiera finalmente no denunciar, ello es “insuficiente” para “justificar” que a partir de entonces la Generalitat no adoptara medidas de prevención.
Respecto a la Generalitat, el Síndic ha recriminado al Departamento de Enseñanza que no hizo suficiente difusión y formación de la obligatoriedad de cumplimiento de los protocolos, especialmente el de 2006, lo que impidió actuar a la administración para garantizar la protección de los menores.
Respecto a la consellería de Interior, ha indicado que no entiende que los Mossos d’Esquadra no informasen a la DGAIA y a otros departamentos del Govern de los supuestos abusos cometidos por Benítez y advertidos por un alumno en 2011, pese a que los Maristas se negaran a darles información sobre el caso y el procedimiento acabara archivado.
Ribó ha calificado de “inadmisible” que la policía catalana no llevara a cabo actuaciones para descubrir si había otros alumnos que habían sido víctimas del mismo docente.
Además, ha lamentado que la Fiscalía aceptara que el juez archivara el caso de 2011 porque la familia no denunció, pese a que entiende que el ministerio público tenía la potestad para pedir que se reabriera el caso y, al no hacerlo, dejó “desprotegido el interés superior del menor”.
También ha recriminado al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia que, pese a que no recibió ninguna aviso sobre este caso, no actuara con el liderazgo que le corresponde a la hora de adoptar medidas para la protección de los menores.
Ribó denunciado asimismo que la Generalitat tiene pendiente de desarrollar el artículo 93 de la Ley de Protección del Menor de 2010, que prevé crear un centro específico de atención para casos de abusos a menores.
A la reunión de hoy, a la que han asistido entre otros la consellera de Enseñanza, Meritxell Ruiz, el director de los Mossos d’Esquadra, Albert Batlle, el fiscal Martín Rodríguez Sol y el magistrado de la Audiencia de Barcelona Josep Grau, la “opinión general”, según Ribó, ha sido que el caso de los Maristas ha ocurrido porque “alguna cosa ha fallado”.
Por este motivo, el Síndic plantea que la Generalitat revise la actuación de los Maristas, adopte medidas para descubrir si ha habido otras víctimas de abusos para ofrecerles asistencia y que impulse medidas de carácter transversal entre consellerías para garantizar la aplicación del Protocolo de 2006 en todos los centros educativos.
