La alcaldesa de Sant Cugat, Mercè Conesa (CDC), se mostró satisfecha tras el archivo definitivo de la denuncia presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra el Ayuntamiento por los presuntos delitos de sedición y rebelión por aprobar en un pleno una moción de apoyo a la declaración soberanista del Parlament, anulada por el Tribunal Constitucional. El archivo de la denuncia dio pie a la primera edil a defender "la libertad de expresión del plenario municipal", afirmó en un comunicado.
"Tenemos derecho -reivindicó Conesa en referencia al papel de los grupos municipales en el pleno- a discutir libremente sobre cualquier posicionamiento ideológico, pero parece que a la Fiscalía del Estado no le gusta que ejerzamos este derecho, especialmente cuando debatimos sobre el derecho a decidir de Catalunya".
La primera edil remarcó en relación a la moción que se trataba "simplemente de un posicionamiento político, tal y como queda perfectamente reflejado en la sentencia". Y aseguró que "desde el Ayuntamiento no entendíamos que se nos denunciase por unos delitos tan graves como los de rebelión o sedición simplemente por habernos posicionado sobre una resolución aprobada por el Parlament".
Conesa deseó que la denuncia de la Fiscalía contra los otros consistorios afectados -Girona, Igualada, La Seu d’Urgell y Celrà- siga el mismo camino y quede definitivamente archivada.
Sin consecuencia jurídica
La sentencia, que es firme, desestima el recurso de apelación presentado por la propia Fiscalía contra la decisión inicial del juez José de la Mata de archivar la denuncia.
El fallo afirma que "de esta declaración de adhesión o apoyo no deriva consecuencia jurídica alguna" y que "no cabe duda de la facultad de los entes locales para pronunciarse, sin efectos jurídicos sobre asuntos de interés general que les son propios, pero tampoco en este caso, la moción de adhesión o apoyo ha ido más allá, ya que no consta se haya pretendido su traslado a los ciudadanos a fin de que aquellos tomasen una posición al respecto".
De este modo, en la línea con lo declarado recientemente por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) al inadmitir querellas similares contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los diputados de Junts pel Sí y la CUP, los magistrados de la Audiencia recuerdan en la sentencia que los delitos de sedición y rebelión requieren actos concretos incitando a la ciudadanía a cometerlos con el objetivo de conseguir por la fuerza la derogación de la Constitución o la independencia de Catalunya.
