La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, considera que los españoles deben “aprender a ahorrar” para complementar su futura pensión pública, más allá de la compra de una vivienda, para evitar, por ejemplo, encontrarse en la vejez con un patrimonio, pero con falta de liquidez para el día a día.
En una entrevista publicada por la revista de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc), González de Frutos insiste en que se trata de una necesidad cada vez más urgente, puesto que “es difícil” que se mantenga el nivel de cobertura de la pensión pública en relación al salario, que actualmente es del 80 %.
Por eso, tiene claro que los ciudadanos tienen que variar el patrón de ahorro y previsión actual y ser conscientes de que esto se puede hacer en el ámbito particular y también en el empresarial.
“Los países que van en vanguardia en materia de previsión social complementaria son aquellos que han incorporado el ahorro para la jubilación a las relaciones laborales”, algo que de momento no ocurre en España, donde sólo una minoría de asalariados (empleados de grandes empresas y de filiales de grupos extranjeros) tienen algún tipo de plan de previsión social de carácter empresarial.
Y para fomentar la cultura del ahorro, De Frutos insiste, como ha hecho ya en otras ocasiones, en pedir al Gobierno que cumpla con una de sus promesas e informe a los cotizantes sobre la cuantía a la que puede ascender su futura pensión pública.
“Pero debe avisar con tiempo para que los ciudadanos puedan tomar decisiones y dispongan de margen de maniobra”, añade.
En cuanto a la nueva regulación del sector asegurador, Solvencia II, que entró en vigor el 1 de enero de este año, González de Frutos explica algunas de las novedades que introduce, entre ellas la obligación de que las aseguradoras documenten por escrito las decisiones que tomen y los procesos que desarrollen.
Además, tendrán que publicar una vez al año una serie de informes de evaluación interna de los riesgos y la solvencia, de auditoría interna y un informe actuarial, así como medir, gestionar y supervisar riesgos intangibles como el reputacional, el legal o el estratégico.
La nueva normativa aportará “muchísima transparencia”, dice González de Frutos, ya que también exige a las entidades que publiquen cada año un informe de situación financiera y de solvencia que describa su situación basándose en los riesgos a los que se encuentren expuestas.
Este informe debe estar redactado en un lenguaje “comprensible para cualquier ciudadano” y el primero de ellos deberá presentarse en 2017, adelanta.
También se refiere la presidenta de la patronal aseguradora a la próxima aprobación de la nueva directiva de Distribución de Seguros (IDD), que también traerá nuevas reglas en el ámbito del diseño de productos y en materia del modelo de información previa en seguros no vida.
“Esperemos, concluye, que en la transposición de la nueva directiva, el regulador español, la industria aseguradora y los mediadores seamos capaces de dotarnos de un marco normativo bien acompasado a la realidad actual del mercado nacional, incluidas las nuevas tecnologías y la protección de los clientes”.
