Los pequeños accionistas que invirtieron su dinero en la salida a bolsa de Bankia están cada vez más cerca de recuperar su dinero si se pone en marcha el sistema de arbitraje que estudian el Gobierno en funciones y la propia entidad.
Según adelantó este viernes el secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, el Ejecutivo trata de “tomar la iniciativa y dar una salida ágil” a los particulares que invirtieron en la Oferta Pública de Venta (OPV) de acciones de Bankia en junio de 2011.
En esta misma dirección apunta la entidad bancaria, que está analizando con detenimiento las sentencias del Supremo para “poder ofrecer una alternativa con totales garantías jurídicas” y que ahorre “tiempo y dinero” a los afectados.
Esta solución extrajudicial, similar a la implantada para hacer frente a la avalancha de reclamaciones por las participaciones preferentes, beneficiaría tanto a los pequeños inversores, que no necesitarían recurrir individualmente para recuperar su dinero, como a la propia entidad, que ahorraría 500 millones de euros en costas judiciales.
Por su parte, los representantes de los afectados también se muestran abiertos al diálogo para llegar a una solución de arbitraje colectivo que, según explican desde la asociación de consumidores Adicae, evitaría la “inundación de la justicia” y “la repetición masiva de las mismas causas con las mismas consecuencias”.
Según la legislación actual, el arbitraje de consumo colectivo se contempla en los procesos “con un mismo presupuesto fáctico”, es decir, que han sido afectados por la misma causa, y sería competencia de la Junta Arbitral Nacional de consumo, al haber sido perjudicados inversores de más de una comunidad.
La propuesta de Bankia y el Gobierno llega después de que la Sala Civil del Supremo considerase que el folleto de la salida a bolsa de la entidad indujo a error a los pequeños inversores, que carecían de “los medios necesarios” para acceder a datos económicos relevantes sobre el estado de la entidad en el momento de su debut bursátil.
Unos medios, según matizó el Alto Tribunal, de los que sí habrían dispuesto los grandes inversores o accionistas institucionales, de cara a contrastar la información en la que Bankia señalaba como dato relevante de solvencia un beneficio de 309 millones en el primer trimestre de 2011, en lugar de unas pérdidas “reales y efectivas” de 3.030 millones.
Para afrontar las posibles indemnizaciones a los accionistas, Bankia y su matriz, BFA, anunciaron el pasado diciembre un aumento de los fondos para causas judiciales de más de 1.000 millones de euros -hasta los 1.840 millones- con los que hacer frente a unas demandas que ascienden a 820 millones.
Mientras se anuncia la solución definitiva, Bankia recomienda a los pequeños accionistas que esperen unos días “antes de tomar cualquier decisión de reclamación que les pueda acabar resultando más gravosa”, y Adicae pide que cualquier vía extrajudicial cuente con los consumidores y evite los déficit del arbitraje de las preferentes.
Además, la asociación ha trasladado a la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) la necesidad de potenciar mecanismos de resolución extrajudicial y judicial colectivos para “grandes fraudes” como el de la salida a bolsa de Bankia.
Algunos abogados, grandes beneficiarios durante estos años de pleitos, aplauden ahora que tanto la entidad como el Ministerio de Economía estudien alternativas a la reclamación judicial de los particulares.
Desde el bufete Navas & Cusí consideran que Bankia debería hacer uso de las provisiones y pagar “amistosamente” en las oficinas, “sin más arbitraje que la comprobación del daño”, porque piensan que esto “sería lo más sano, rápido y barato para todos”.
Bankia se ahorraría los costes de procedimiento y el cliente, “el suplicio de procedimientos farragoso y costosos”, sostienen.
