España ha registrado en 2015 el peor dato de percepción de corrupción de su historia, lo que refleja una “grave” situación de corrupción política, antes vinculada al urbanismo y ahora a la “contratación pública”, sobre todo a la que hacen empresas públicas y entes instrumentales de la administración.
Según el Índice de la Percepción de la Corrupción 2015 de Transparencia Internacional (TI), la corrupción en España se sitúa en el puesto 36 de 168 países, con 58 puntos, dos menos que en el índice anterior.
Para Manuel Villoria, miembro del comité ejecutivo de Transparencia Internacional, aunque España no está inscrita en el llamado sistema de “corrupción sistémica” -en el que policías, médicos y profesores aceptan sobornos-, la corrupción en la contratación pública desde entes instrumentales está “bastante generalizada”, como expresa “claramente” el caso Acuamed, ha dicho.
El resultado “catastrófico” que arroja España en este informe no significa, sin embargo, que la corrupción haya aumentado en 2015, sino que los datos son “más rigurosos” y beben de “más fuentes de información” que hace años, han explicado los responsables del informe.
A su juicio, “si hay menos dinero, es difícil que haya más corrupción”, explican, al tiempo que advierten de que “si las tasas de crecimiento económico se recuperan, como no se han cortado de raíz los elementos sistémicos, la corrupción rebrotará”.
Según TI España, el ambiente de “euforia” de los años 2004, 2005 y 2006 no dejaba a los españoles “ver la realidad”, pero probablemente el resultado en esos años sería peor que el actual, si se midiera con la misma visión.
El Índice de la Percepción de la Corrupción se basa en encuestas a expertos, líderes de multinacionales y ciudadanos, y todas ellas reflejan un mayor percepción de corrupción de la esperada.
“En el caso de los ciudadanos es enorme, brutal, la mayor de Europa junto con la de Grecia”, ha señalado el presidente de TI España, Jesús Lizcano, para quien los jóvenes españoles “no son tan tolerantes con la corrupción como las generaciones anteriores”.
Aunque esta ONG reconoce que se han tomado “bastantes medidas”, como la aprobación de nuevas leyes -entre ellas la de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno-, incluso que la Fiscalía ha “reforzado su trabajo, aunque no mucho”, considera “insuficientes” estas reformas y pide un “programa más integral de lucha contra la corrupción”, además de un desarrollo sistemático de las medidas y presupuesto y apoyo político “adecuados”.
Para Jesús Sánchez Lambás, especialista en derecho de empresas y miembro de la dirección de TI desde su creación, la solución pasa por resolver el “cuello de botella” de la justicia.
Lambás ha subrayado que, frente a la ratio europea de 23 jueces por cada 100.000 habitantes, la española es de once, lo que supone que la “intensa mediatización” de los casos de corrupción no se refleja después en resultados.
“El poder judicial está inerme, ni siquiera se cumple la tasa de reposición de los jueces que se jubilan”, ha lamentado.
Para este experto, la corrupción que se descubre “no llega a ser el diez por ciento de lo que ocurre” y es el IVA el “instrumento que permite detectar el mayor volumen de fraude”.
En su opinión, la estructura de jueces y fiscales es “manifiestamente insuficiente”, como demuestra que “tarden cinco, seis, siete o diez años en dictar una sentencia”.
Tras mostrarse convencido de que “eso no es justicia”, el responsable de TI ha incidido en que “ni la reforma de leyes ni la represión van a ser la solución” y ha reclamado una “cultura de la transparencia”, con estándares de funcionamiento transparentes y de detención temprana.
Para TI la actual situación de “interinidad” del Gobierno está provocada por la “reacción social” ante esto, han sostenido sus representantes, que han abogado por empezar a utilizar la “responsabilidad criminal de las empresas” que permite la última reforma del Código Penal.
“Hay empresas que parece que son impunes, no pasa nada con ellas, quitan a algún directivo, pero continúan actuando de forma corrupta”, ha denunciado Villoria, tras señalar el problema de que “muchas empresas no sabemos de quiénes son”.
Jesús Lizcano ha recordado que los seis grandes partidos que se presentaron a las elecciones generales del 20D se mostraron “dispuestos a firmar un gran pacto contra la corrupción”, en una campaña en la que “nunca los partidos han llevado tantas medidas de lucha contra la corrupción en sus programas”, y ha dicho que espera que quienes gobiernen “cumplan sus compromisos electorales”.
