El pasado verano se aprobó en el Parlament de Catalunya la ILP 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. La PAH, la Aliança contra la Pobresa Energètica y el Observatori DESC impulsaron esta iniciativa legislativa popular (ILP) con el respaldo de 140.000 firmas, aunque 50.000 eran suficientes. Fue un hito histórico, una gran victoria de la justicia social y un balón de oxígeno para tantas familias que lo estaban pasando realmente mal.
Entre otras medidas, esta ley obliga a las energéticas a hacerse cargo de parte de la deuda de aquellas familias que no pueden pagar las facturas de agua, luz y gas. La realidad es que, meses después de su aprobación, desde el Ayuntamiento de Terrassa hemos comprobado que la gran mayoría de familias beneficiarias de los servicios sociales no tienen acceso al bono social al que tienen derecho por ley.
Nuestra función como servicio público es la de proteger a las personas, por ello tenemos que ampararlas frente a corporaciones que, a pesar de sus bonitos eslóganes publicitarios, las han dejado a la deriva, llegando incluso al cruel punto de permitir que hubiera familias malviviendo sin suministros básicos. Para intentar frenar este despropósito, hemos contratado a expertos en facturación para evitar "confusiones" que llevan a estas empresas, por ejemplo, a no aplicar el "bono social" a personas que viven bajo el umbral de la pobreza o a cobrarles por más potencia de la que necesitan. Estas malas prácticas han ayudado a colapsar a las familias y, como consecuencia, a nuestros servicios sociales. Unos servicios sociales que han tenido que solucionar problemas que los expertos de cada compañía podían haber resuelto de haber estado del lado de la gente.
Con el fin de dar respuesta a esta preocupante situación, el Ayuntamiento ha puesto en marcha esta misma semana la Oficina Municipal de Atención a la Pobreza Energética y de Promoción de la Eficiencia Energética. Este servicio ayudará a conseguir que estar caliente en casa o tomar una ducha sin cronómetro no suponga un lujo para los más desfavorecidos. Pero vamos a ir más allá, este escenario es tremendamente injusto y ha llegado el momento de decir basta. Vamos a encontrar la fórmula que asegure la protección y el bienestar de los ciudadanos, y esa fórmula pasa porque las compañías asuman que también ellas tienen que ayudar a las familias.
A pesar de que la ley prohíbe cortar el suministro a los hogares en situación de pobreza energética, el Ayuntamiento ha seguido pagando las facturas, en espera de un paso adelante de las compañías para corresponsabilizarse del problema. Este paso no se ha dado y creemos que ha llegado el momento de plantar cara. No basta con el llamado "bono social", ni mucho menos.
Son demasiados los recursos destinados a alimentar a este monstruo insaciable, cuando lo que hay que alimentar es la potencialidad de la gente, para alimentar así sus oportunidades de futuro. Eso es lo que queremos nutrir. Ya está bien de tanto disparate, hemos estado demasiado tiempo conteniendo la situación y ahora toca impulsar proyectos que den fuerza a las personas y que las ayuden a mirar hacia el futuro. Los recursos deben servir para respaldar a los ciudadanos, no para enriquecer aún más a las energéticas.
Vamos a ser constructivos en todo momento, nuestra intención es -y ha sido siempre- la de colaborar. Desde el Ayuntamiento de Terrassa se ha negociado con la compañía del agua un convenio de colaboración, mediante el cual se ha creado un fondo social destinado a asumir un alto porcentaje del recibo del agua de las familias con rentas bajas. Este fondo, aún insuficiente, es un paso en el camino para que las compañías reconozcan su responsabilidad ante la sociedad y no se dediquen sólo a recoger beneficios. Entre todos tenemos que buscar soluciones. La prioridad de todas las organizaciones, públicas o privadas, ha de ser siempre velar por el bien común, por el bienestar de todos, especialmente por el de las personas en una situación vulnerable. Esto no debería ser un tema a debatir.
En una situación en la cual unos no tienen para pagar, mientras otros siguen recolectando beneficios millonarios, está claro que algo falla. Ya va siendo hora de que esta relación tan desequilibrada cambie. Frente a las todopoderosas compañías energéticas somos "sólo" un ayuntamiento, pero lo vamos a intentar.
El autor es concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Terrassa
