Entre los problemas sociales derivados de la crisis está el de las familias que, por tener una situación económica precaria, no pueden hacer frente a los pagos de los suministros básicos en una vivienda, como son la luz, el agua o el gas. Es la llamada pobreza energética, una realidad que el bipartito pretende hacer más llevadera con la creación de un servicio destinado en específico a abordar este asunto. Se trata de la Oficina municipal de atención a la pobreza energética y promoción eficiencia energética (Ofimape), que se encuentra ubicada en la calle del Pantà, número 30.
En la presentación de esta nueva herramienta, el alcalde Ballart afirmó que en estos momentos desde el Consistorio se prioriza “el diálogo y la vía del acuerdo” con las empresas suministradoras de energía. Si bien no descartó “emprender medidas judiciales si estas compañías no cumplen con la ley”, en referencia a la norma 24/2015 sobre medidas urgentes destinadas a afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que el Parlament aprobó en julio pasado. En la misma línea, la concejal de Vivienda, Lluïsa Melgares, recordó que el Ayuntamiento tiene “capacidad sancionadora” en el caso de que las empresas desatiendan la legislación vigente.
“A las compañías eléctricas ya les comunicamos en verano que intentaríamos la vía sancionadora si se producía algún corte, algo que por ahora no ha sucedido”, dijo. “Queremos que nadie se quede sin estos suministros”, añadió el concejal de Servicios Sociales, Noel Duque. Hasta Ofimape podrán dirigirse los ciudadanos a los que les llegue un aviso de corte de agua, luz o gas. Allí recibirán el asesoramiento necesario para evitar que la advertencia llegue a materializarse, además de ayuda para que sepan cómo reducir sus facturas haciendo un mejor uso, más racional y efectivo, de la energía.
El número de terrassenses que sufren la llamada pobreza energética no ha hecho sino crecer desde que empezó la crisis. Si en el primer semestre de 2011, el Ayuntamiento concedió 564 ayudas a 488 familias para suministros básicos, ya en el mismo periodo de 2014, la cifra se elevó a 2.115 ayudas para 1.335 familias. Y en el primer semestre de 2015, el respaldo económico municipal para el pago de la luz, el agua y el alquiler creció un 25,6 por ciento frente a un año atrás, según los datos consistoriales.
Responsabilidad
“Entre las problemáticas que hemos detectado figura la existencia de contadores manipulados, instalaciones que tienen más de 20 años de antigüedad, usuarios que practican unos hábitos de consumo poco eficaces o que desconocen los derechos que tienen”, explicó Lluïsa Melgares, concejal de Vivienda y Mediación Comunitaria.
La edil apeló en varias ocasiones “a la responsabilidad social corporativa” de las empresas energéticas -“igual que pasa en el resto de Europa”, dijo- ante el reto de afrontar la problemática de los cortes de provisión. El propio Ballart indicó que “si las compañías no ven la responsabilidad social que tienen, seremos muy contundentes”.
Desde el Consistorio valoran los avances logrados en el suministro del agua, aunque piden que las empresas proveedoras de luz y gas también se impliquen en el cumplimiento de la ley y reconozcan su parte de responsabilidad en la búsqueda de soluciones.
