La Comisión Europea (CE) ha pedido explicaciones al Gobierno central sobre la indemnización de 1.350 millones abonada a Escal UGS, filial de la constructora ACS y gestora del almacén submarino Castor. La CE quiere recaba información para determinar si el pago supuso una ayuda ilegal del Estado al grupo que preside Florentino Pérez. Y ha dado de plazo hasta febrero para que el Gobierno le remita la información.
La decisión de los inspectores de la CE llega a raíz de una demanda oficial elevada por la patronal terrassense Cecot, Fepime, Centre Metal·lúrgic y el Consejo Intertextil Español en julio. Las patronales arguyen que la compensación económica podría causar distorsión de la competencia. “Bruselas se ha dirigido al Gobierno para solicitarle que documente cómo arranca el contrato y cómo se resuelve para determinar si ha existido o no una posible ayuda de Estado indebida”, comentó ayer Antoni Abad, presidente de Cecot, que mostró su satisfacción por que la demanda presentada vaya superando etapas con éxito. Esta decisión de la CE se ha producido justo cuando los consumidores han empezado a pagar esa indemnización millonaria, repercutida en los recibos del gas, y que abonarán tanto empresas como particulares. “Este asunto no puede encarecer los costes empresariales, no es manera de resolver esto”, añadió Abad. La dirección general de la Competencia quiere averiguar si existe alguna incompatibilidad en el pago millonario a la compañía tras la extinción de la concesión. La propia empresa renunció a esa concesión a raíz de la crisis sísmica desatada frente a las costas del delta del Ebro en la fase de pruebas para iniciar la explotación del almacén de gas. La CE espera la respuesta española a mediados del próximo mes para decidir si abre oficialmente una investigación sobre el caso.
Contra la competencia
La denuncia presentada por la Cecot muestra como principal argumento legal que el pago de la compensación a Escal UGS es una ayuda de Estado que favorece a una empresa respecto de su competencia, lo que equivaldría a una infracción del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que veta esta práctica. La Generalitat, mediante la Conselleria d’Empresa i Ocupació, remitió el año pasado tres cartas a cargos de la Comisión Europea instando a tomar iniciativas para supervisar si el reconocimiento retributivo otorgado a favor de la empresa Escal UGS podría constituir una vulneración de la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado. En este caso, sin embargo, la petición fue desestimada.
