No hace muchas semanas decíamos en este mismo espacio que la renovación de la concesión del suministro del agua en Terrassa acabaría en los tribunales y hubo quien lo consideró una aseveración poco menos que apocalíptica. Conforme avanza el proceso, el horizonte apunta con mayor intensidad hacia el contencioso-administrativo y quizás no sólo uno.
Por una parte, Mina anunció en noviembre que cuestiona la mayor, es decir, que duda de que el Ayuntamiento sea el titular del servicio. Es más, sus servicios jurídicos, y así lo advirtió su director general, Josep Lluís Armenter, creen que ni siquiera existe formalmente un servicio público como tal de titularidad municipal, por lo que no considera al Ayuntamiento facultado, por ejemplo, para expropiar a Mina de sus derechos de titularidad privada. Este asunto, al que quizás no se le prestó el interés que merece porque surgió cuando Mina recurrió el nombramiento de Joan Gaya como comisionado del agua, podría provocar un litigio que retrasase la resolución de la concesión. No obstante, el Ayuntamiento exhibe un informe jurídico que dice lo contrario y “por si acaso” impulsará, con la pretensión de evitar conflictos, un expediente de municipalización.
No obstante, ése puede no ser el único. Ambas partes ya dan por descontado, según se puso de manifiesto el lunes en la comisión de Territorio, que no se pondrán de acuerdo en lo referente a los bienes revertibles imprescindibles para garantizar el servicio que deben acompañar a la concesión. Si no hay acuerdo, la única forma de solventar el conflicto es iniciando un procedimiento judicial que lo determine.
La tercera cuestión que puede generar conflicto es el recurso que Mina presentó contra el comisionado del agua, Joan Gaya, pero éste sabremos si se materializa en procedimiento judicial a finales de febrero, cuando acaba el plazo para que Mina presente un contencioso administrativo, para lo que le habilita la desestimación de su recurso por parte del Ayuntamiento. Y todo ello, sin que el Ayuntamiento haya decidido todavía qué modelo de gestión regirá en la ciudad y sin perjuicio de que pueda darse, cosa no descartable, alguna circunstancia más que requiera del auxilio de los tribunales para su resolución (el contrato de 1941 es muy complejo) y que se uniría al retraso que ya lleva el proceso de por sí.
La conclusión no es otra que la prórroga de la concesión es incuestionable.
