En el pleno del martes, el ordinario, se aprobaron una serie de mociones, todas, presentadas por los partidos con representación en la sala de sesiones. Una de ellas generó no poco debate. Se trata de la que presentó la CUP en relación a la sindicatura de greuges de Terrassa. La actual síndica, Isabel Marquès, que ha realizado un excelente trabajo en los últimos años, puso de manifiesto en su momento la necesidad de consolidar la sindicatura terrassense con más recursos: reforzar la figura del síndic con una mayor retribución que compense el nivel de dedicación que exige el cargo y aumentar asimismo la dotación de personal de la oficina.
La propuesta de Isabel Marquès era razonable y fundamentada en una trayectoria que no necesitaba de mayor justificación. El entonces equipo de gobierno, ante la inminencia de las elecciones municipales consideró que lo ideal sería prorrogar el nombramiento de Isabel Marquès durante un año y que fuese el equipo de gobierno que surgiese de las elecciones el que tomase una decisión al respecto. La prórroga se acaba ya y hay que tomar una decisión.
La discusión fue encendida en el aspecto relacionado sobre la supeditación de las decisiones que tome la comisión ciudadana cuya creación proponía la CUP. La propuesta de la CUP hay que entenderla desde su lógica asamblearia, que es su razón de ser. De todas formas, en el debate subyace la eterna discusión sobre la participación ciudadana, cómo debe articularse y hasta dónde debe llegar. Una discusión que puede extenderse al polémico referéndum, que ya no se sabe si será tal, sobre la gestión del agua en la ciudad.
Con todo, causó cierta sorpresa la abstención de Ciutadans, no tanto por la abstención en sí, absolutamente legítima, sino por su posicionamiento contrario a la sindicatura por entender que el cargo tiene poco contenido. El defensor del pueblo, una figura ciertamente de raíz anglosajona, se ha convertido en los países democráticos en el nexo de unión entre la administración y el ciudadano. Sorprendió que se cuestione la figura que preserva y vindica los derechos y libertades del ciudadano ante la administración pública. Su figura no pone en cuestión el funcionamiento de la administración, sino todo lo contrario porque a través de su cometido fomenta la transparencia y las buenas prácticas y va mucho más allá de la pura gestión de l queja puntual de un ciudadano. Quizás sea todavía poco conocida la función tanto simbólica como efectiva del defensor del ciudadano.
