Al menos dos médicos vinculados a Terrassa han sido imputados en el macroproceso del “caso Innova”. En concreto, en el llamado “caso Traiber”, una pieza del primero, que investiga la corrupción sanitaria y política con epicentro en Reus. Unos cincuenta doctores, entre ellos los dos egarenses, están acusados del presunto cobro de comisiones por recetar e instalar prótesis de Traiber que supuestamente no eran de buena calidad. Así lo afirmaron diarios digitales de Reus, ciudad en la que la investigación ha levantado polvareda mediática, política y vecinal.
El juez instructor levantó el miércoles el secreto de sumario de parte de la pieza cuatro. Ha decidido la imputación de sesenta personas, la mayoría médicos de diversas partes de Catalunya. Según ReusDiari.cat, el juez, Diego Álvarez de Juan, detalla cómo la empresa pagaba comisiones a los facultativos, ya fuese con un porcentaje del precio de la prótesis o incluso con viajes al extranjero. Directivos y trabajadores de la empresa están imputados, pero también doctores; se dan indicios de que algunos de ellos llegaron a ejercer presiones a órganos de contratación para que se implantasen las prótesis de forma indebida. El mismo medio digital indica que la interlocutoria del juez refiere varias reuniones entre el propietario de Traiber y concejales de Reus, encuentros en los que, según un testigo, unos facultativos fueron “presionados” para usar las piezas. El instructor cree que tales presiones funcionaron y también que en los encuentros se prepararon los concursos públicos para que ganase Traiber; era entonces cuando se empezaba a perfilar el delito. En la documentación judicial figuran referencias a un viaje que dos médicos realizaron a Egipto en el 2008 a cargo de la empresa.
Sobornos por silencio
Los sobornos, según apunta el magistrado, tenían como finalidades no sólo la colocación segura de las prótesis, sino también la obtención del silencio por parte de algunos doctores después de descubrir las deficiencias técnicas de piezas, según Reusdigital.cat. Los delitos incluidos en el escrito judicial son la prevaricación y malversación, la alteración de precios en concursos y subasta públicas, el tráfico de influencias, la misión del deber de perseguir delitos, el delito societario, el fraude a la administración, la estafa, el soborno, la corrupción entre particulares, la falsedad documental, el blanqueo de capitales y el delito contra la salud pública.
El juzgado pide a centros médicos de diversas ciudades españolas una lista de posibles víctimas de las prótesis en mal estado. Ninguno de ellos es de Terrassa, aunque uno de los doctores imputados pertenece a la plantilla del Hospital de Terrassa. El otro, al hospital Quirón Dexeus de Barcelona.