El pleno del Tribunal Constitucional (TC) continuará mañana, a partir de las 11:00 horas, el estudio de la impugnación que el Gobierno presentó contra la resolución independentista del Parlament de Cataluña, resolución que anulará esta semana.
La decisión del TC se va a producir con una rapidez inusual en el tribunal de garantías, ya que previsiblemente dictará sentencia, o al menos habrá adoptado un fallo definitivo, mañana o el jueves, es decir, en la semana siguiente a que se recibieran las alegaciones del Parlament.
El TC admitió a trámite el recurso del ejecutivo contra la resolución el pasado día 11 de noviembre, cuando dio a las partes diez días hábiles para que formularan sus alegaciones. Éstas llegaron al tribunal de garantías el pasado día 27 de noviembre, cuando se cumplía ese plazo.
De modo inmediato el tribunal de garantías ha comenzado con la cuestión, que ha incluido hoy en su orden del día, después de que su presidente, Fancisco Pérez de los Cobos, haya obtenido un amplísimo consenso entre los magistrados a favor de la impugnación del ejecutivo.
Fuentes del alto tribunal han informado a Efe de que en las últimas jornadas el presidente y el ponente de la sentencia, Andrés Ollero, la han debatido informalmente con los otros magistrados hasta alcanzar un acuerdo que conducirá a la anulación.
Las mismas fuentes han señalado que la suspensión cautelar de la resolución adoptada por el TC el pasado 11 de noviembre pierde ahora sentido ante la decisión definitiva.
Sí es posible, dicen las mismas fuentes, que los fundamentos de la sentencia incluyan alguna referencia a la obligación de obedecer al alto tribunal que tienen las personas afectadas por su fallo.
El Constitucional suspendió por unanimidad la resolución independentista adoptada por el Parlament de Cataluña y decidió notificar su decisión de forma personal a 21 cargos catalanes, entre ellos Artur Mas y Carme Forcadell.
A todos ellos les advirtió de que podrían incurrir en responsabilidades penales si no acataran su decisión.
Ambas decisiones fueron adoptadas en el auto del tribunal de garantías que admitía a trámite la impugnación presentada por el Gobierno contra la propuesta.
Aquel auto perderá ahora validez por cuanto el alto tribunal adoptará una resolución definitiva sobre el asunto, si bien un aspecto del mismo, la inclusión de una advertencia sobre la obligación de obedecer al alto tribunal a las personas afectadas, sigue vigente.
La decisión del TC se notificó de manera personal al presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas; a los miembros de su Gobierno; a la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell; a los integrantes de la Mesa de la Cámara autonómica, y al secretario general del Parlament, Pere Sol.
