El Gobierno ha anunciado hoy que los 3.034 millones de euros de excedente del Fondo de Liquidez Autonómico que recibirá Catalunya están condicionados a que los emplee en sufragar servicios públicos esenciales, para evitar que se destinen a "veleidades independentistas" o que haya "tentaciones" de hacerlo.
Entre otras medidas, el interventor de Generalitat deberá dar cuenta mensualmente de la ejecución del gasto del Govern y sus entes al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que aprobará los desembolsos "operación por operación".
Según el ministro Cristóbal Montoro, esto no supone la "intervención" de las cuentas catalanas por parte del Estado, si bien ha reconocido que estas condiciones especiales se deben a las "circunstancias políticas que está viviendo Catalunya".
"No hay intervención, pero no es admisible que nadie dedique un euro a algo que no tenga amparo legal ni constitucional", ha aseverado Montoro, tras abogar por favorecer de esta forma un "amparo a los funcionarios públicos para que no se sientan presionados ni obligados por una situación política".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montoro ha garantizado además que "ni uno" sólo de los 52.000 millones de euros que ha recibido Catalunya esta legislatura han ido a "financiar actos propagandísticos, veleidades independentistas ni demás ocurrencias".
Tanto Montoro como la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, han informado sobre la reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que ha fijado el nuevo reparto del fondo de financiación a las comunidades para 2015 y ha establecido dicha "condicionalidad específica" para Catalunya.
Sáenz de Santamaría ha justificado esta decisión en razones financieras, como la rebaja de la calificación de la deuda por algunas agencias de calificación y los 1.300 millones de euros que no estaban declarados en el déficit.
También se ha referido a las propias declaraciones de representantes institucionales catalanes sobre el "riesgo de impago, entre otros proveedores, a las farmacias".
La decisión, ha insistido, es que los fondos se destinen a los pagos adeudados y previstos, que no es otro que los servicios públicos esenciales.
Por su parte, Montoro ha apuntado que la condicionalidad para Catalunya es "obligatoria" y se ha mostrado convencido de que la Administración catalana "se va a sujetar a ella".
