La oposición de izquierdas cargó ayer duramente contra la gestión que el gobierno municipal, y en particular el alcalde Jordi Ballart, está haciendo del final de la concesión del servicio del agua a Mina, un contrato que finaliza en diciembre de 2016. Los grupos de Terrassa en Comú, ERC-MES y la CUP comparecieron juntos para denunciar que el ejecutivo sigue "desde hace años una intencionada estrategia de dilación" que pone en peligro la correcta liquidación del contrato y bloquea el debate sobre los diferentes modelos de gestión.
La queja llega después de que el Comisionado del Agua, Joan Gaya, revelara esta semana que el Ayuntamiento no está en condiciones de afrontar la extinción del contrato con Mina por falta de información. Desde el área de Medio Ambiente, además, reconocen que Mina lleva meses dilatando la entrega de datos clave para la liquidación.
La oposición cree que el problema radica en la "pasividad del gobierno" a la hora de exigir una información que es propiedad del Ayuntamiento, como titular del servicio. Esa actitud "contribuye a la defensa de los intereses de Mina", denunció ayer el concejal de TeC Xavi Matilla, que se pregunta "¿quién manda realmente en la ciudad, un gobierno con autoridad o los intereses económicos?".
En el mismo sentido se expresó el concejal de ERC-MES Carles Caballero, que cuestionó la capacidad del bipartito "para decidir, liderar este proceso y cumplir su calendario", que sitúa en mayo de 2016 la decisión sobre el futuro modelo de gestión del agua. "En los grandes temas Terrassa no tiene alcalde ni gobierno. Porque tienen miedo a las patatas calientes y no avanzan, condenándonos a una falta de liderazgo y probablemente a la prórroga del servicio a Mina".
A la oposición le preocupa que en un tema tan estratégico para Terrassa como quien gestiona en el futuro el suministro del agua, "el Ayuntamiento sea incapaz de encararse a las elites de la ciudad" y opte por "esconder su responsabilidad política esgrimiendo problemas técnicos". En ese contexto TeC, ERC-MES y la CUP hacen "una llamada a la presión social, ya que el gobierno no manda, cuando debería acabar haciendo que la decisión sobre el modelo de gestión se decantara por los intereses colectivos", comentó Maria Sirvent, portavoz de la CUP.
El proceso de liquidación del contrato con Mina arrancó en 2011 y, además del PSC, lo han gestionado desde el Ayuntamiento concejales de ICV y ERC. Caballero argumentó ayer que "la relación de confianza entre Mina y el Ayuntamiento acabó con la llegada de ERC a la concejalía de Medio Ambiente, donde impulsamos la tarifa social". El concejal añadió que, durante ese periodo, "los confictos del área técnica con Mina acababan siempre en el despacho de alcaldía". Por su parte Matilla recordó que "la información empezó a fluir gracias a que ICV se situó al frente de Medio Ambiente.
En la agenda del final de la concesión de Mina, el anuncio del alcalde de una consulta sobre el modelo de gestión del agua. Matilla pidió ayer que "no sea una falsa consulta" y Sirvent su pregunta reiterada sobre si será vinculante sigue sin respuesta.
