El Constitucional ha suspendido por unanimidad la declaración secesionista del Parlament catalán y ha decidido notificar su decisión de forma personal a 21 cargos catalanes, entre ellos Artur Mas y Carmen Forcadell, a los que avisa de que incurrirán en responsabilidad penal si no acatan su decisión.
El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la impugnación del Gobierno central de la propuesta, lo que, como determina el artículo 161.2 de la Carta Magna, supone la suspensión automática de la misma durante un plazo máximo de cinco meses.
El tribunal de garantías ha decidido, por primera vez, notificar en mano su resolución, pues se trata de una de las prerrogativas introducidas en la última reforma de la ley orgánica que rige su funcionamiento.
De ese modo, se notificará la decisión al presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas; a los miembros de su Gobierno; a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a los integrantes de la Mesa de la Cámara autonómica, y al secretario general del Parlament, Pere Sol.
A todos se les advierte de su deber de “impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada y se les apercibe de eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”.
El Gobierno había pedido en su impugnación que se les apercibiera de suspensión en sus funciones y de delito de desobediencia si no cumplen el mandato del TC, y, los magistrados, aunque sin concreción, advierten de las responsabilidades, incluso penales, que acarrearía ese incumplimiento.
