La dirección del PSOE ha aprobado hoy una enmienda transaccional a su programa electoral en la que especifica que, si llegan al Gobierno, “derogarán con carácter inmediato toda la reforma laboral del PP” y deja “la revisión” del coste por despido a la negociación con los agentes sociales.
La enmienda, que finalmente se incorporará al programa con el que el PSOE concurre a las elecciones del 20 de diciembre, recoge el sentir de algunas federaciones, como la andaluza, que habían presionado para que la derogación de la reforma laboral fuese firme.
No obstante, la transaccional no especifica si la indemnización por despido improcedente volvería a ser de 45 días por año trabajado (frente a los 33 establecidos por el PP), es decir, si quedaría finalmente en los niveles previos a la reforma laboral.
Fuentes del PSOE han dicho a Efe que en ningún momento las federaciones habían pedido que se pusiesen días al coste por despido.
Según la enmienda, los socialistas aprobarán un decreto-ley que recupere la centralidad de la negociación colectiva, eleve el salario mínimo interprofesional, garantice los derechos de los trabajadores y combata de manera eficaz la precariedad en el empleo.
En paralelo, se abre un diálogo social con los agentes sociales para garantizar la igualdad salarial, recuperar la causalidad y proporcionalidad del despido, revisar los costes del mismo y la razonabilidad en los despidos colectivos.
Se trata, dice la enmienda, de que el despido sea “la última medida en los procesos de reestructuración empresarial” y de asegurar la tutela judicial efectiva frente al despido injustificado.
Además, este proceso de diálogo, que deberá culminar con la aprobación de un nuevo Estatuto de Trabajadores, tendrá que garantizar derechos laborales como la formación profesional, la igualdad en el acceso al empleo, la seguridad en el trabajo o el reconocimiento de nuevos derechos como la libertad religiosa o el derecho a la propiedad intelectual.
El PSOE también argumenta en su enmienda que se trata de implantar otro modelo, dado que el actual ha sido “desautorizado” en muchos de sus contenidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y “preocupa” a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la OCDE por sus consecuencias “en el nivel de pobreza y en el deterioro del clima social”.
