Fletán servido en restaurantes de Bruselas como “lenguado” y preparados cárnicos que contienen ingredientes que no figuran en el etiquetado son ejemplos de los tipos de fraude o prácticas engañosas que afectan al consumidor europeo, pese a las estrictas normas comunitarias.
Dos estudios presentados esta misma semana, uno de la organización ecologista Oceana sobre el fraude en la venta de pescado y otro que revela las prácticas engañosas en el etiquetado de la carne, elaborado por la Organización Europea de Consumidores (BEUC), llaman la atención sobre un problema que, lejos que constituir un fenómeno puntual, parece frecuente en la Unión.
Camille Perrin, coordinadora del informe sobre la carne de BEUC, explica a Efe que “es difícil evaluar la extensión del fraude alimentario en la Unión Europea (UE) ya que hay muy pocos datos disponibles”, y no existe una definición a nivel europeo de “fraude alimentario”, lo que hace difícil comparar la situación entre los países.
“Siempre habrá operadores sin escrúpulos que estén deseando ahorrar, especialmente en tiempos de austeridad”, explica Perrin, que añade que “se dice que en relación al fraude, solo conocemos la punta del iceberg”.
Según un informe del Parlamento Europeo, el pescado y la carne figuran en la lista de alimentos que con mayor frecuencia son objeto de fraude en la UE, al igual que el aceite de oliva, los productos orgánicos o la miel.
En 2013, el escándalo de la carne de caballo, vendida en preparados cárnicos de toda la UE como vacuno, dañó la confianza de los consumidores europeos e hizo dudar de la efectividad de los controles en la cadena alimentaria.
El Ejecutivo comunitario respondió presentando ese mismo año una serie de propuestas para reforzar los controles en la cadena alimentaria.
La experta de BEUC señala que “es un poco pronto para poder decir si se ha aprendido alguna lección del escándalo de la carne de caballo”, e indicó que las asociaciones de consumidores confían en que se produzcan mejoras, con la modernización del sistema europeo de controles alimentarios.
No obstante, recordó, la propuesta que persigue ese objetivo, que prevé aumentar los controles sin aviso previo, la cooperación entre países y endurecer las sanciones a quienes infrinjan las normas, todavía se está debatiendo en las instituciones comunitarias.
Otro problema es que con la crisis, según Perrin, los países europeos han recortado en el presupuesto y el personal encargado de llevar a cabo los controles.
La Comisión Europea “se toma muy en serio todos los informes sobre pescado mal etiquetado y los fraudes en la carne y los alimentos”, dijo por su parte el portavoz comunitario de Seguridad Alimentaria, Enrico Brivio.
“La CE es plenamente consciente de los problemas de etiquetado incorrecto del pescado y los productos cárnicos y trabaja de manera activa con los estados miembros”, indica Brivio, que añade que “la protección de los intereses de los consumidores y la prevención de las prácticas fraudulentas, sigue siendo una prioridad”.
Sin embargo, subraya el portavoz, “hay que recordar que los controles sobre la aplicación de los requisitos legales son competencia sobre todo de las autoridades nacionales”.
En ese contexto, explica que Bruselas trabaja por un lado informando a los consumidores de las nuevas normas de etiquetado que se aplican desde diciembre de 2014 e investigando posibles prácticas fraudulentas en el mercado europeo.
En particular, según Brivio, se están analizando los casos en que se hace pasar una especie de pescado por otra, a través de un Plan de Control coordinado por la UE, que se puso en marcha a principios de 2015.
Los resultados del plan se harán públicos a finales de este mes de noviembre.
Asimismo, la CE recuerda que “el cumplimiento de las normas de la cadena alimentaria es responsabilidad de los operadores de la industria agroalimentaria y que los controles y las acciones legales deben ser adoptados por las autoridades nacionales.
“La CE verifica los controles en vigor en los Estados miembros”, añade el portavoz.
Para la Organización Europea de Consumidores, aunque los países son los responsables de aplicar los controles, “la CE tiene un importante papel que desempeñar para asegurar que todos los Estados miembros interpretan y aplican las reglas europeas de la misma manera”.
Marta Borrás