La Diputació de Barcelona destinará 10 millones de euros a los municipios de la provincia, excepto la ciudad de Barcelona, que dispone de convenio propio, en un intento de dar apoyo a las economías locales y un impulso a la cohesión social. Los gobiernos receptores, en consecuencia, deberán destinar el dinero a gasto corriente y a servicios sociales.
Los 10 millones proceden de un remanente del organismo supramunicipal y los criterios de distribución serán de carácter "objetivo", apuntó la presidenta de la Diputación, Mercè Conesa, durante la presentación del nuevo plan de ayuda a los gobiernos locales. El organismo valorará la población, la tasa de desempleo y la extensión del municipio.
La Diputación lleva a cabo ahora el análisis de la realidad de cada municipio para la distribución "asimétrica" de las ayudas. La voluntad es que las partidas económicas lleguen a los gobiernos locales a final de año.
Con la voluntad de reducir al máximo los trámites administrativos, los ingresos se harán directos a los ayuntamientos, que podrán destinar la ayuda a la necesidad que consideren más perentoria. La Diputación les pide que lo justifiquen con un gasto durante 2015 o bien hasta el mes de junio de 2016. Tendrán hasta marzo de 2017 para presentar la documentación que acredite la inversión.
En esta ocasión el plan de ayudas a los gobiernos locales también se destinará a las entidades descentralizadas de la demarcación, como Bellaterra, Sant Martí de Torroella, Valldoreix y Sant Miquel de Balenyà. El plan toma el relevo del anterior programa complementario de apoyo a la solvencia financiera local y de garantía de la prestación adecuada de los servicios públicos, implantado en 2012.
Durante el último mandato la Diputació de Barcelona ha incrementado considerablemente la aportación económica a los entes locales. Entre 2011 y 2014 ha destinado un total de mil millones de euros, el doble que durante los cuatro años anteriores.
Como ocurrió en años anteriores, la Diputación prevé reeditar este mandato el Pla Xarxa de Governs Locals y el Catàlec de Serveis, complementándolos con planes extraordinarios destinados a financiar el ahogo financiero de los entes locales como consecuencia de la crisis.
