Los grupos de Junts pel Sí (JxS) y la CUP han pactado una propuesta de resolución parlamentaria en la que se declara “solemnemente” el “inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república”, sin supeditarse a lo que pueda decir un Tribunal Constitucional “deslegitimado”.
Tras semanas de conversaciones discretas, Jordi Turull y Marta Rovira (JxS) y Antonio Baños y Anna Gabriel (CUP) han firmado una propuesta de resolución que se tramitará por la vía de urgencia, en la que se constata que el “mandato democrático” de las elecciones del 27 de septiembre avalan el proyecto independentista.
Esta iniciativa se debatirá en un pleno extraordinario que se prevé para antes del de investidura -la CUP es reticente a apoyar a Artur Mas-, un pleno este último que cómo máximo debe celebrarse el próximo 9 de noviembre.
La resolución prevé que en un plazo máximo de 30 días se inicie la tramitación de las “leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública”, que deben servir para poner las bases de estructuras de Estado imprescindibles para la “desconexión democrática” de Cataluña con respecto al conjunto de España.
Un día después de la sesión constitutiva del Parlament, en la que la nueva presidenta de la cámara, Carme Forcadell, concluyó su primer discurso con un “Viva la república catalana”, JxS y la CUP han registrado esta propuesta de resolución que también ofrece un guiño a formaciones como Catalunya Sí que es Pot partidarias del derecho a decidir y de abrir un proceso constituyente.
En el primero de los nueve puntos de los que consta la resolución se hace notar que el mandato democrático obtenido el 27S refleja una mayoría de diputados independentistas y “una amplia mayoría soberanista en votos y escaños que apuesta por la apertura de un proceso constituyente no subordinado”.
El texto plantea declarar “solemnemente el inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república” y proclamar la apertura de un proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo” para “preparar las bases de la futura constitución catalana”.
El texto procura evitar el empleo explícito del término “desobediencia” que defendía la CUP, pero sí deja claro que el Parlament, como “depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente”, y el “proceso de desconexión democrática” de España “no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del TC”, a quien JxS y la CUP consideran “deslegitimado y sin competencia”.
Una deslegitimación que proviene, según se hace constar, de la sentencia de 2010 en la que recortó aspectos fundamentales del Estatut aprobado en referéndum.
El texto va más allá e insta al nuevo Govern a “cumplir exclusivamente aquellas normas o mandatos emanados” del Parlament, a fin de “blindar los derechos fundamentales que puedan estar afectados por decisiones de las instituciones del Estado español”.
La resolución también prevé que el Parlament adopte las medidas necesarias para abrir este “proceso de desconexión democrática, masiva, sostenida y pacífica con el Estado español”, de manera que permita el “empoderamiento de la ciudadanía a todos los niveles y en base a una participación abierta, activa e integradora”.
Asimismo, se declara la voluntad de iniciar negociaciones para hacer efectivo el “mandato democrático de creación de un estado catalán independiente en forma de república” y de ponerlo en “conocimiento del Estado español, de la Unión Europea y del conjunto de la comunidad internacional”.
