“No he hecho nada, la información de los medios está manipulada”, ha declarado Juliana Fernández de la Cueva, alcaldesa de Corral de Almaguer (Toledo) y senadora del PP, a su salida del Supremo, donde ha comparecido como imputada por quitar irregularmente multas a cuatro ciudadanos.
La senadora popular, sin embargo, no ha respondido a la pregunta de los periodistas sobre cuál es la información correcta y se ha limitado a prometer que lo explicará “cuando haya pasado todo esto”.
“He declarado voluntariamente renunciando a mis privilegios como aforada porque lo que quiero es defender mi inocencia y mantener hasta el final que no he hecho nada, lo que quiero es que esto pase, porque llevo un año siendo juzgada por los medios”, ha señalado, sin contestar a la pregunta de cuál es su defensa frente a las acusaciones del fiscal.
El Supremo admitió a trámite la querella de su Fiscalía contra Juliana Fernández de la Cueva el pasado mes de julio. En ella se la acusaba de prevaricación.
Según el fiscal, la senadora y alcaldesa de Corral de Almaguer, así como su teniente alcalde Vicente González Ramírez, utilizaron sus competencias en seguridad vial para retirar cuatro sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol, sin cinturón o de forma temeraria.
La alcaldesa, a propuesta de Vicente González, “con ánimo de favorecer a los cuatro sancionados, y en clara contravención de lo legalmente establecido”, retiró en 2013 cuatro multas y la correspondiente pérdida de puntos a cuatro personas a quienes quería favorecer, aceptando las alegaciones de los afectados, siempre según la querella.
Y eso lo hizo a pesar de que los sancionados “ya habían optado por el procedimiento abreviado, previsto en el artículo ochenta del referido texto normativo, y habían abonado la multa propuesta, con una reducción del cincuenta por ciento”, dice también la querella.
“Una vez abonada la multa, beneficiándose los interesados de la reducción del cincuenta por ciento, el expediente había finalizado, alcanzando la sanción el carácter de resolución firme en vía administrativa”, añade.
“Los acusados no podían, en modo alguno, dejar sin efecto, tras la indebida estimación de unas alegaciones que ya no podían formularse, la sanción, consistente en la reducción de puntos antes referida”, señala la querella.
El magistrado José Manuel Maza, encargado de investigar el caso, ha tomado hoy declaración a la imputada en relación con estos hechos antes de decidir si se tramita el suplicatorio contra ella senadora para inculparla o, por el contrario, se archiva la causa.
Se trata de una declaración voluntaria por parte de la senadora, que se aviene a hacerlo para tener oportunidad de defenderse sin obligar a que se solicite el suplicatorio para hacerla comparecer.
El Código Penal recoge el delito de prevaricación, sobre el cual prevé que “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en asunto administrativo, será castigada con la pena de inhabilitación especial para empleo de cargo público por tiempo de siete a diez años”.
