Probablemente Artur Mas y su gobierno sabían perfectamente a lo que se exponían cuando decidieron convocar el “proceso participativo” del 9-N. Viendo la política sistemáticamente practicada desde el Gobierno que dirige Mariano Rajoy con respecto a Catalunya, no es inicialmente sorprendente la situación del President , la vicepresidenta y una de sus conselleras ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Todo ello es producto de la judicialización de la política que no está consiguiendo otra cosa que el efecto contrario al que se busca desde Madrid.
De la misma forma no puede considerarse que sea una sorpresa las muestras de apoyo que los miembros y ex miembros del Govern, imputados o investigados en el procedimiento, están recibiendo y el que sin duda recibirá Artur Mas en su declaración del próximo jueves, día en que se cumplen el 75 aniversario del fusilamiento de Lluís Companys. No se recuerda mayor falta de tacto y probablemente de decoro a la hora de elegir una fecha.
El proceso a Artur Mas va a dar para mucho. Al margen de oportunidad en las fechas, la cuestión de la utilización política. Difícilmente se puede justificar la falta de intencionalidad cuando la querella la anuncia la líder del PP en Catalunya; cuando los fiscales catalanes no vieron inicialmente nada que investigar y cuando la querella le cuesta el puesto al anterior fiscal General del estado, que inicialmente se oponía a ello. Por otra parte, la citación a declarar de los miembros del Govern se filtra a un diario de Madrid y el ministro Català, en vez de mantenerse al margen, comete la torpeza de decir que la declaración se ha retrasado a la conclusión de las elecciones para no interferir. Eso sí, no se sabe a quién se pretendía no perjudicar.
En todo caso, hay otra cuestión que se suscitó ayer mismo y que tiene su enjundia. Se trata de la confrontación entre el derecho a la libertad de expresión y el de los jueces a ejercer la justicia de forma absolutamente independiente y sin interferencias. Si decíamos al principio que no era sorprendente que Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau se vieran en esta situación todavía es mucho menos sorprendente que hayan recibido importantes muestras de apoyo por parte de la ciudadanía. Más de un millar de personas se concentró ante el TSJC y también ante los ayuntamientos de las ciudades y pueblos catalanes. Normal. Sí sorprendió el comunicado de queja del Tribunal por las concentraciones.
