El Pleno de Congreso de los Diputados convalidará previsiblemente esa semana el real decreto ley que regula las comisiones por la retirada de efectivo en los cajeros automáticos de las entidades financieras, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 2 de octubre.
La citada norma impide el cobro de un doble recargo por sacar dinero en efectivo, por lo que la entidad propietaria del cajero solo podrá cobrar una tasa al banco titular de la tarjeta.
Así, esta entidad (el banco titular de la tarjeta) será quien decida si cobra a sus clientes una comisión por sacar dinero de la competencia.
La norma ya entró en vigor la semana pasada, pero las entidades tienen de plazo hasta el 1 de enero de 2016 para adaptarse a la norma, que establece que cuando una persona retire dinero en efectivo en un cajero que sea de otro grupo, su banca, que es el emisor de su tarjeta, podrá cobrarle o no una comisión por ello.
Antes de finalizar la operación, el propio cajero informará al cliente de la comisión máxima que puede llegar a cobrarle su propio banco.
El Consejo de Ministros aprobó esta norma como consecuencia de la polémica que había suscitado la decisión de CaixaBank de cobrar una comisión de dos euros a los no clientes por sacar dinero en efectivo de sus cajeros.
Una práctica que también iban a implantar otras entidades como BBVA o Santander, y que había divido al sector entre aquellas que estaban a favor, y las que estaban en contra, como Bankia, Sabadell o los pertenecientes a la red Euro 6000, que alcanzaron un acuerdo que permitirá a sus clientes operar en sus cajeros sin pagar comisiones.
El real decreto ley que previsiblemente convalidará el Pleno del Congreso este miércoles, modifica la Ley 16/2009 de 13 de noviembre sobre Servicios de Pago, y también establece que las entidades deberán informar al Banco de España de las comisiones que cobrarán por la retirada de efectivo.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) deberá elevar un informe anual al Ministerio de Economía sobre los acuerdos y decisiones de las entidades en relación a las comisiones.
El primero de estos informes se espera en los seis primeros meses de 2016.
Ahora, tras la aprobación de la norma, las entidades financieras tienen hasta enero para estudiar las comisiones que cobrarán entidad a entidad, con las que aún deben llegar a un acuerdo.
