La patronal Foment del Treball y Fepime, ésta última presidida por María Helena de Felipe, fueron las organizaciones más críticas con el plan soberanista de Artur Mas. A comienzos de septiembre esta patronal, que ha manifestado en multitud de ocasiones su rechazo a cualquier medida unilateral, expresó que las empresas vivían con “tensión y máxima preocupación” las elecciones del pasado 27-S. Dos semanas antes de las elecciones, el Gobierno de Mas aprobó el decreto que fija “la cuota de representatividad de las organizaciones empresariales”. Esta se calculará de acuerdo con el número de afiliaciones de estas entidades, lo que favorece las asociaciones con afiliación directa y deja en desventaja las confederaciones.
