Foment del Treball iniciará una batalla legal para dejar sin efecto el decreto de la conselleria de Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que marca los requisitos que deben cumplir las patronales para conseguir representatividad institucional. El departamento encabezado por Felip Puig ha aprobado que las organizaciones deben acreditar el número de empresas que tienen afiliadas, lo que favorece a las asociaciones de afiliación directa frente a las confederaciones o cúpulas patronales como Foment del Treball.
En este sentido, se opone el decreto que regula la representatividad de las organizaciones patronales y que considera que Fepime (patronal de pequeñas y medianas empresas en la órbita de Foment) ya queda representada por Foment, lo que favorece a Pimec, su gran competidora. En este sentido, Antoni Abad, presidente de la patronal terrassense Cecot, adscrita a Foment, también se mostró crítico con ese decreto.
“El tema de la representatividad empresarial, desde un punto de vista jurídico, nos parece que estaba suficientemente consolidado. Además, con Foment, Fepime y Pimec se cubría la representatividad del grueso del tejido empresarial”, aseguró Abad, que añadió que el decreto interfiere en un asunto, el de la representatividad empresarial, que “es mejorable y simplificable pero esto es algo que debemos hacer entre nosotros”. La Generalitat, por su parte, ha expresado su “sorpresa” por la reacción negativa de Foment del Treball al decreto que regula la representatividad de las organizaciones patronales y remarcó que “en ningún caso pone en duda que Foment tenga la condición de organización empresarial más representativa”.
En un comunicado, el secretario de Ocupació i Relacions Laborals, Joan Aregio, afirma que el nuevo procedimiento que recoge este decreto refleja que el marco de relaciones laborales catalán es “más rico y va más allá” de Foment del Treball. Esta entidad, presidida por Joaquim Gay de Montellà, cargó contra la Generalitat por la exclusión de su patronal de pymes, Fepime, de la lista de entidades más representativas, lo que da derecho a participar en los organismos en los que están presentes los agentes sociales. Aregio señala que la nueva normativa es una manera “sencilla y democrática” de establecer los representantes de las patronales en los órganos de participación de la Generalitat.
Entidades vinculadas
El decreto señala que, en el caso de dos o más patronales con vínculos de relación (como Foment y Fepime), las empresas afiliadas sólo se computarán por una de ellas. El secretario de Ocupació i y Relacions laborals apuntó que este decreto “no tendría sentido si las organizaciones empresariales más representativas del país se pusieran voluntariamente de acuerdo”. Aregio recuerda que la Generalitat ha tardado tres años en aprobar este decreto tras negociaciones intensas para intentar llegar a un acuerdo.
Foment aseguró que la normativa aprobada por la Generalitat es “inaplicable” y acusó al Ejecutivo de Artur Mas de generar una “inseguridad jurídica grave” que “afecta negativamente a los derechos de representación de las organizaciones empresariales”. Agregó que no hay precedentes de una norma “tan ambiciosa” que afecte “derechos constitucionales y estatutarios” de las patronales que se haya adoptado sin “diálogo previo”.
