El informe previo a la elaboración de los presupuestos municipales es sumamente interesante. Para empezar hay 3,6 millones de euros menos para presupuestar el año 2016. La gestión del año pasado fue magnífica e incluso hubo un superávit. En esta ocasión parece que no podrá ser así. Habrá que ver cómo se organizan los números , pero lo que llama verdaderamente la atención no es ese detalle, aún siendo de suma importancia, sino un recuadro que se llama “Riscos i alertes no interioritzats – Presupost corrent” que enumera toda una serie de cuestiones que todavía están en el aire y que pueden afectar negativamente a los presupuestos municipales del año que viene.
Son cuestiones que van desde posibles variaciones a la alza del coste de los servicios generales, más o menos previsibles o en todos caso, cuestión que puede aparecer en la confección del presupuesto de cada año; hasta variación a la alza de los tipos de interés, lo cual afectaría a la deuda financiera del ayuntamiento y por lo tanto a las amortizaciones de capital. No concreta el punto que se refiere a la evolución de la situación de las sociedades municipales, cuestión que podríamos calificar de inquietante. Pero hay dos apartados que por experiencias anteriores inquietan todavía más. Uno es el del impacto de sentencias y contenciosos en curso. Recordemos que el contencioso sobre el precio de expropiación de los terrenos de la calle de Guipúzcoa acabó con un coste elevadísimo para el ayuntamiento con más de dos millones de euros sólo de pago de intereses, En similares circunstancias concluyó el contencioso de hace pocos años el que tuvo como objeto unos terrenos en Sant Pere Nord. Ahora están en el aire los de Pabasa, expropiados para incorporarlos a la riera de La Betzuca cuando Paco Morales (IC) era concejal de medio ambiente formando gobierno con Manuel Royes, allá por los noventa; vistas las experiencias anteriores, la advertencia no es nada tranquilizadora.
Y no menos preocupación causa la posible indemnización a los licitadores del concurso del transporte público al que el Ayuntamiento finalmente renunció. La ley permite la reclamación de indemnizaciones de las empresas licitadoras en caso de renuncia. Con todo, lo más elocuente no es lo que se incluye en esa lista, sino lo que se omite: la previsión del coste de la eventual municipalización del suministro de agua. Y todo ello sin mayoría. Conclusión, Alfredo Vega tiene mucho trabajo por delante.
