El presidente catalán, Artur Mas, llega a las elecciones del 27S sin haber comparecido hasta el momento como imputado en la causa por la consulta alternativa del 9N, como pide la Fiscalía en una querella que ha acabado sirviendo de baza al líder convergente para hacer gala de su compromiso con el soberanismo.
Tras el parón judicial de agosto, la Fiscalía se ha puesto manos a la obra y ha solicitado cuatro testificales que abren nuevos frentes en la causa, para seguir avanzando en el procedimiento abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la consellera de Educación, Irene Rigau, por el proceso participativo del 9N sobre la independencia.
Los intentos de la Fiscalía para acelerar la causa con nuevas diligencias han topado no obstante, hasta el momento, con la oposición de la defensa de Mas, Ortega y Rigau, que han logrado que el TSJC posponga la testifical prevista inicialmente para mañana, en plena campaña electoral, de una directora de instituto que denunció presiones de la Generalitat cuando se negó a abrir su centro para la celebración de la consulta.
El magistrado del TSJC Joan Manel Abril ha decidido aplazar esta testifical, que la Fiscalía considera clave y que ya se pospuso otra vez, el pasado 30 de julio -también a instancias de la defensa-, después de que Mas, Ortega y Rigau pidieran su suspensión alegando que el proceso penal podría interferir en la contienda electoral.
Ante la petición de la Fiscalía para que declaren cuatro nuevos testigos, entre ellos cargos del Govern, Mas, Ortega y Rigau han solicitado al TSJC que aplace cualquier otra nueva diligencia hasta que se les haya tomado declaración a ellos como imputados, con el argumento de que no tiene sentido avanzar en la investigación por “vías secundarias”.
La causa por el 9N había limitado hasta ahora las comparecencias de testigos a confirmar las dos reuniones que mantuvo la consellería de Enseñanza -los días 16 y 22 de octubre de 2014- con directores de instituto para informarles sobre el papel de los centros en la consulta alternativa del 9N.
La Fiscalía da una gran relevancia a la confirmación de ambas reuniones, con la presencia de la directora de los Servicios Territoriales de Enseñanza en Barcelona, ya que entiende que “contradice directamente” la versión de Rigau, que aseguró por carta que no habían existido encuentros con responsables de instituto “dirigidas a determinar la manera de proceder en relación al proceso participativo”.
Los fiscales pretenden ir ahora más allá y han apuntado a nuevos frentes, como la confección y suministro de las urnas y papeletas, elaboradas por presos de Lleida, al mantenimiento de la web de participación, al dispositivo del centro de prensa y al sistema para resolver incidencias informáticas.
Entre los cuatro nuevos testigos propuestos figuran dos dirigentes con peso político dentro del gobierno catalán: Elisabeth Abad, la directora del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), la empresa pública de la consellería de Justicia que encargó la producción, suministro y entrega de las urnas y papeletas a los presos, con varios contratos que suman un importe de 143.738 euros, y el asesor en materia de opinión pública de la consellería de Governació, Joan Cañada, de UDC.
Sin embargo, el magistrado del TSJC aún no ha decidido si ordena o no estas nuevas testificales, a la espera de oír a todas las partes y determinar si acepta el planteamiento de la defensa y pospone cualquier otra iniciativa al interrogatorio de Mas, Ortega y Rigau como imputados.
Pese a este escenario judicial incierto, Mas no solo no ha soslayado la causa por el 9N en la contienda electoral sino que en varias de sus intervenciones ha esgrimido la investigación abierta en el TSJC como ejemplo del precio que ha tenido que pagar por su compromiso para que los catalanes decidan su futuro en las urnas.
Paralelamente, también ha irrumpido en plena campaña electoral la aprobación en el Congreso de la reforma “exprés” del Tribunal Constitucional para dar competencias a este órgano para hacer cumplir sus sentencias y sancionar a los cargos públicos que las ignoren, lo que desde la candidatura de Junts pel Sí interpretan como un intento del Gobierno de inhabilitar a Artur Mas tras el 27S.
