Nueva acción de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Terrassa y en el conjunto de Catalunya. Unas sesenta personas, vestidas con la camiseta verde y portadoras de alguna pancarta, se reunieron ayer en los Juzgados de Terrassa con el objetivo de entregar una carta al juez decano para que los profesionales de la justicia apliquen la nueva ley de vivienda social aprobada el pasado 29 de julio por el Parlament de Catalunya.
Esta ley (antigua ILP de la Vivienda) contiene medidas de urgencia para el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Medidas de protección para las personas que no pueden hacer frente al pago de una hipoteca o un alquiler, que contemplan por un lado la paralización del desahucio y de otro la cesión de un piso vacío en alquiler social. Con la acción en los juzgados, la PAH quiso pedir al mundo jurídico que cumpla con la ley así como hacer un llamamiento a todos los afectados para que sepan que existe un nuevo marco legislativo que les da cobertura. Al respecto Guillermo Domingo, portavoz de la plataforma en Terrassa, explicó que "este acto de hoy es para decirles a los jueces que hay una ley que paraliza los desahucios de forma inmediata. Somos conscientes de que, a veces, hay presiones externas pero la PAH no permitirá que esto pase. Hay que exigir a la Generalitat y a los estamentos que apliquen la ley".
Domingo añadió que los ayuntamientos también tienen su parte de corresponsabilidad. "Los ayuntamientos, como el de Terrassa, ya no pueden excusarse porque el nuevo marco legislativo les da capacidad para dar vivienda en alquiler social y sancionar a propietarios de pisos vacíos que un día fueron embargados".
Cuantificar las familias
En este sentido, el portavoz de la PAH elogió al Ayuntamiento de Terrassa porque fue pionero en multar a los bancos con pisos vacíos pero le reclamó un paso más. "Debería cuantificar cuántas familias o personas necesitan acogerse a un alquiler social y censar también el parque disponible. La ley obliga a fondos de inversiones, bancos y propietarios con pisos vacíos a destinarlos a un alquiler social".
El portavoz de la PAH ejemplarizó que una familia de tres miembros con una renta inferior o hasta 1.500 al mes, procedente de desahucio, tiene derecho a un piso de alquiler social de entre 80 y 150 euros al mes por un periodo de tres años. Domingo subrayó que "los ayuntamientos están legitimados para intervenir y evitar así que haya gente que se quede en la calle".
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