La síndica de Terrassa, Isabel Marquès, ha propuesto de oficio un cambio en el impuesto popularmente denominado como plusvalía. Se trata del impuesto sobre el incremento de los terrenos urbanos que, en esencia, grava el aumento de valor de las fincas cada vez que se realiza una transacción. Es un tributo de complejo cálculo que está referenciado al valor catastral al que se aplican unos coeficientes según fórmula matemática absolutamente incomprensible para el profano que se prevé en el artículo 107 de la Ley de Haciendas Locales.
La plusvalía se ha hecho famosa durante la época de crisis debido a la injusticia manifiesta de su aplicación. Siendo un impuesto aplicable al aumento de valor, se ha tenido que pagar aún cuando las fincas han perdido valor como consecuencia del estallido de la burbuja de la construcción. El hecho de estar referenciado al catastro, estar sujeto a disposiciones administrativa para su determinación y aun siendo normalmente menor que el precio de mercado ha hecho que incluso en los peores momentos de la crisis los ayuntamientos han girado los recibos a los vendedores. Los casos más sangrantes han sido los de los desahuciados; personas que han tenido que devolver el piso al banco en concepto de dación en pago porque no podían pagar la hipoteca, se han visto obligados a pagar las plusvalías. El Ayuntamiento de Terrassa, hasta que se reguló este asunto, liberaba del pago mediante una subvención, un artificio legal para evitar más dolor a los desahuciados porque este impuesto lo cobran los ayuntamientos por encargo del estado.
La cuestión es que existe jurisprudencia que dice que si el terreno o la vivienda en cuestión ha perdido valor, no hay que pagar la plusvalía, pero no se aplica de forma automática, sino que hay que demostrarlo, no sin problemas y no sólo es cuestión de demostrarlo, sino de desconocimiento de muchos vendedores. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 18 de julio de 2013 es clara y se refiere a que no se puede tener en cuenta el incremento de valor ficticio que determinan los ayuntamientos, sino el incremento o decrecimiento real.
La Cambra de la Propietat de Terrassa inició entonces una pequeña cruzada reivindicando esta cuestión, ahora se une la síndica de Terrassa. Esperemos que haya una respuesta favorable. Lo peor que le puede pasar a un impuesto, además de impopular es que sea injusto.
