La alcaldesa de Sant Cugat, Mercè Conesa (CDC), envió ayer una carta a los trabajadores municipales para dar explicaciones sobre la actuación realizada por la Guardia Civil el pasado viernes en el Ayuntamiento y la sede de la empresa municipal de vivienda Promusa en el marco del caso Petrum 2, que investiga presuntas comisiones ilegales en la adjudicación de obra pública, informó Cugat.cat.
En la misiva, Conesa niega que se produjese ningún registro en el Ayuntamiento y Promusa ya que “la actuación -dice la carta- consistió en el requerimiento de un solo expediente de contratación, el de la empresa municipal Promusa referente a la promoción de vivienda pública de la plaza de los Rabassaires”. “Esta adjudicación -continúa la misiva- recayó en 2008, en segunda instancia, en la empresa Teyco, ya que el primer adjudicatario, después de unos meses, entró en quiebra”.
Como ya hiciese en la rueda de prensa que ofreció el pasado viernes tras la actuación de la Guardia Civil, la alcaldesa y portavoz de Convergència reiteró su “plena confianza” en la actuación del equipo técnico y los servicios municipales de contratación que participaron en el proceso de adjudicación de este expediente, “cumpliendo la ley de contratación pública de forma estricta y objetiva”.
La primera edil también explica en la carta dirigida a los empleados municipales que desde el Ayuntamiento “se ofreció la máxima colaboración a los agentes policiales, como no puede ser de otra manera, para esclarecer los hechos lo antes posible y dejar constancia del rigor con el que se trabaja en el Consistorio”.
Gestión
Mercè Conesa finaliza la carta pidiendo a los trabajadores que “continuemos trabajando con rigor para velar por la máxima transparencia e integridad en el desarrollo de nuestras tareas al frente de la gestión municipal”.
Al hilo de este caso, el diario “El Mundo” publicó ayer un documento del exconsejero delegado de Teyco Jordi Sumarroca que habría sido encontrado en julio y en el que se especificaría el cálculo de las comisiones del 3% por adjudicación de obras públicas de algunos ayuntamientos investigados en la operación Petrum 2, entre ellos el de Sant Cugat.
El documento, encabezado con el logotipo de Teyco, especificaría en la columna de la izquierda la cifra recibida por Teyco en 2008 en Sant Cugat, de 4,6 millones de euros, para la construcción de una promoción de vivienda pública de Promusa en la plaza de los Rabassaires, en Volpelleres. En la columna de la derecha constaría supuestamente la comisión del 3% por la adjudicación de las obras.
El coordinador de Régimen Interno y Comunicación de CDC, Francesc Sánchez, aseguró ayer que el documento publicado por el diario “El Mundo” que mostraría supuestas mordidas a cinco ayuntamientos, entre ellos el de Sant Cugat, “en ningún caso indica una comisión a Convergència de ningún tipo” y afirmó que las donaciones de Teyco fueron “absolutamente legales”, informó EFE.
