La concesión del suministro del agua tocará a su fin en diciembre de 2016 y Mina Pública, gestora del servicio durante 75 años, pone nuevos argumentos sobre la mesa en favor de su continuidad al frente del abastecimiento en la ciudad.
El último es un estudio del despacho Tornos Abogados y que firman el catedrático Joaquin Tornos y el profesor Joan Perdigó, en el que se analizan las alternativas de gestión que el gobierno municipal tiene sobre la mesa: la municipalización y el modelo mixto, en el que el Ayuntamiento se asociaría con un privado.
El informe jurídico del despacho Tornos sostiene que si el Ayuntamiento de Terrassa opta por municipalizar el servicio o bien decide convocar un concurso (para buscar un operador privado o un socio para una gestión mixta), antes deberá expropiar los bienes y las infraestructuras necesarias para garantizar la prestación del servicio público. Eso implica, según apunta el dictamen, la compra de las minas propiedad de Aigües de Terrassa, que abastecen un 10% de la demanda, pequeñas instalaciones e infraestructuras de la red en terrenos de la compañía, y el fondo de comercio correspondiente a los clientes que Mina tenía en la ciudad antes de asumir la concesión, en 1941.
El importe de esa reversión no se conoce en este momento. “Estamos haciendo un peritaje que nos permitirá tener la cifra en breve, probablemente durante el mes de septiembre”, explica Josep Lluís Armenter, director general de Mina Pública, Aigües de Terrassa.
El informe jurídico encargado por la actual concesionaria valora la posibilidad de que el Ayuntamiento se enfrente a “la imposibilidad de promover la concurrencia”, es decir, renuncie a convocar un concurso público “por ejemplo, si no puede hacer frente económicamente a la reversión”.
En ese escenario, la compañía sugiere que el gobierno municipal proceda a una adjudicación directa a Mina. La empresa dibuja esta alternativa como la más ventajosa económica y administrativamente ya que, sostiene, el Ayuntamiento no debería expropiar de entrada bienes ni infraestructuras y la aprobación definitiva del procedimiento correspondería al Pleno Municipal. Si el grifo del agua pasa a manos públicas, será neceraria la autorización de la Generalitat de Catalunya, previo informe de la Autoritat Catalana de la Competència i dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.
El estudio de Tornos Abogados plantea dos escenarios de adjudicación directa. En el primero sugiere la posibilidad de que el Ayuntamiento de Terrassa otorgue de nuevo la explotación en exclusiva a Mina Pública, Aigües de Terrassa.
El segundo aborda un modelo de gestión mixta “mediante convenio con empresa única” que podría pasar por dos fórmulas societarias. Una en la que el Ayuntamiento y Aigües de Terrassa constituirían una nueva sociedad de capital mixto; y otra en la que la administración se incorporaría al accionariado de Mina, mediante la compra o suscripción de acciones.
Tanto en el régimen de concesión como en la fórmula mixta, el contrato con Mina tendría una duración “máxima de 50 años”, periodo al final del cual el Ayuntamiento recuperaría la titularidad de todos los bienes e infraestructuras necesarios para la prestación del servicio, que pasaría a ser íntegramente municipal, El informe define esta fórmula como “proceso de municipalización”, un trámite que no le saldría gratis a las arcas municipales. La administración pactaría con el operador un calendario para el pago de la expropiación, que se liquidaría de forma prorrateada.
Expropiaciones
Mina Pública d’Aigües ha entregado antes de vacaciones el informe del despacho tornos Abogados al gobierno municipal y los grupos políticos tuvieron acceso al documento de conclusiones en julio, al final de la reunión monográfica sobre la gestión del agua a la que asistieron partidos, gobierno y representantes de Mina. El documento, que no pudo ser debatido en ese encuentro, ha dado lugar a un aluvión de preguntas por parte de los grupos, que han pedido el informe completo.
El documento de conclusiones, el único que de momento ha visto la luz pública, analiza también el escenario de la extinción del contrato con Mina el próximo 31 de diciembre de 2016. El dictamen explica que el Ayuntamiento recuperará de manera gratuita los bienes afectados por el contrato que la administración local y Mina firmaron en 1941. Esos bienes están detallados en un convenio firmado por ambas partes y aprobado por la Junta de Gobierno en julio de 2012.
Además de buena parte de la infraestructura de distribución, el paquete incluye la planta de captación de aguas del Llobregat que Mina tiene en Abrera y los derechos de captación, ambos de titularidad municipal, explican desde Mina.
Este es uno de los aspectos más relevantes del proceso, ya que Terrassa es una de las pocas ciudades que capta el agua que consume y no la compra, lo que repercute positivamente en el recibo.
Con el final de la concesión a Mina, el Ayuntamiento recupera la planta de Abrera, pero no está claro que pueda mantener los derechos de captación. El régimen transitorio de la Llei d’Aigües de 1985 puso fin a la perpetuidad y fijó una adjudicación a 75 años que culmina en 2060.
En este momento, tanto Ayuntamiento como Mina estudian la posibilidad de que ese derecho quede conculcado con un cambio de gestor del servicio, de tal manera que la captación pasara a manos de la Generalitat y Terrassa se viera obligada a comprar el agua que consume a Aigües Ter Llobregat.
Actualmente la ciudad se abastece en un 85 por ciento de las aguas procedentes del río Llobregat y en un 10 por ciento de las minas propiedad de Aigües de Terrassa. Un 5 por ciento del consumo procede de la compra a Aigües Ter Llobregat.
El proceso de liquidación contempla también un paquete de bienes e instalaciones no revertibles, que continuarán siendo propiedad de Mina tras la extinción del contrato.
La compañía, además, se reserva el derecho de utilizar la red de suministro ya queademás de Terrassa, abastece a Ullastrell, Matadepera, Viladecavalls, Rellinars y una parte de Vacarisses.
