La alcaldesa de Sant Cugat, Mercè Conesa (CDC), ha considerado “innecesario” el despliegue de la Guardia Civil en el ayuntamiento, ha insinuado un motivo político y ha defendido la “transparencia” del consistorio y la colaboración judicial.
Conesa lo ha explicado en una rueda de prensa después de que la Guardia Civil haya realizado varias entradas en cuatro ayuntamientos de CDC, en la sede central del partido y en la sede de la Fundación Catalanista y Demócrata (CatDem) en el marco de una operación sobre presuntos delitos contra la administración pública.
“Si el juez investiga Teyco, tiene lógica que pida información a todos los ayuntamientos que hayan contratado a esta empresa porque no creo que solamente seamos consistorios de CDC, ésta es una empresa que hace buenas obras”, ha explicado Conesa.
Conesa ha afirmado que ha sabido que venía la Guardia Civil por la radio y ha calificado la entrada policial de “requerimiento judicial” y no de “registro”, y ha asegurado que los agentes no se han llevado nada del consistorio, tan solo un expediente “amplio” de la sede de la empresa de vivienda pública local, Promusa.
La alcaldesa y portavoz de CDC ha explicado que el expediente de contratación se refiere a la finalización en 2008 de las obras del edificio Rabassaires, con más de 70 pisos de protección oficial, donde Teyco ganó entre 15 empresas el concurso con un presupuesto de entre 4 y 5 millones de euros.
Las obras empezaron en 2005, pero la empresa que las realizaba quebró y se tuvo que hacer una segunda licitación para acabar los trabajos, concurso que ganó Teyco y que la alcaldesa asegura que fue la última contratación que otorgaron a la constructora.
“Estamos tranquilos porque no tengo la menor duda de la buena gestión del consistorio y de que la contratación se hizo cumpliendo las normativas”, ha afirmado Conesa, que ha añadido que el próximo viernes la mesa de contratación de esta obra se reunirá para explicar a todos los partidos locales los detalles de aquella licitación.
La Guardia Civil ha llevado a cabo los registros en el marco de una operación ordenada por el juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), que instruye un caso de presunta corrupción en el ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona).
