Acabamos de conocer que el Juzgado Contencioso Administrativo número 10 de Barcelona ha notificado la primera sentencia por la imposición de multas coercitivas a entidades bancarias con viviendas vacías durante más de dos años. El juzgado resolvía, de esta manera, la demanda interpuesta por Bankia contra el Ayuntamiento de Terrassa por la apertura del expediente sancionador que el Consistorio le interpuso el 25 de junio de 2014 para forzar que ocupara uno de las viviendas vacías de su propiedad en la ciudad.
Tan sólo ha pasado un año desde la imposición de la primera multa. Un tiempo en el que hemos visto cómo muchos otros ayuntamientos se han ido sumando a la medida pionera iniciada por el Ayuntamiento de Terrassa. Un año en el que han aumentado considerablemente las voces a favor de esta política. Pero no podemos olvidar que no siempre ha sido así. Al principio, cuando el alcalde, Jordi Ballart, acompañado de la concejal Luisa Melgares, anunció estas sanciones, pocos eran los que confiaban en que la situación llegaría a buen puerto. La mayoría de partidos políticos (de derecha, sobre todo) rechazaban esta medida por considerarla ilegal.
Hoy, un año después, vemos cómo la valentía de un Ayuntamiento es reconocida y avalada por los tribunales. Hoy, observamos con satisfacción cómo el miedo de las entidades bancarias a esta medida a favor del derecho a la vivienda y las amenazas recibidas por el alcalde no han dado los frutos que pretendían. Hoy, la justicia da la razón al Ayuntamiento de Terrassa en la apertura de expedientes sancionadores contra entidades bancarias con pisos vacíos. Lo importante de esta resolución es que la justicia aplica la ley pensando en las personas, no como caridad sino como un derecho fundamental, y pone en su sitio la función social que las viviendas tienen que cumplir, derecho que la Constitución ampara en el artículo 47. Los socialistas, valientes, en Terrassa estamos en esa lucha. Así que hoy tenemos un motivo para creer en la política, y también en la justicia.
Creer en la política porque queda patente que es la única vía posible para luchar contra las injusticias que vemos día a día, en este caso contra los desahucios y las viviendas vacías en manos de los bancos. Y creer en la justicia porque, pese a que el gobernante ejecute una decisión arriesgada y en contra del orden establecido (como ha hecho el Ayuntamiento en este caso), si es legal, y si es justa, la justicia estará ahí para defenderla.
