Dos años después de la tragedia del tren Alvia 04155 en las proximidades de Santiago de Compostela, que costó la vida a 81 personas y causó más de 140 heridos, afectados y familiares de las víctimas siguen reclamando Justicia y solicitan que se depuren responsabilidades. La Plataforma de Afectados constituida a raíz del accidente del tren aquel fatídico 24 de julio de 2013 se concentraron ayer en la Plaza del Obradoiro, frente a la catedral compostelana.
Arturo Domínguez, portavoz del colectivo de víctimas, dijo que ningún responsable político ha dimitido aún desde la tragedia, al contrario, "han sido premiados". Recordó, en este sentido, que el entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, es hoy ministro de Justicia; el presidente de Renfe cuando se produjo el accidente ocupa actualmente la secretaría de Estado que dejó vacante Catalá, y el exministro de Fomento José Blanco tiene un escaño como eurodiputado.
Tambiéntuvo palabras para el ámbito judicial. Al fiscal del caso Antonio Roma le emplazan las víctimas a "estar con los más débiles" y no centrarse únicamente "en las indemnizaciones".
Arturo Domínguez, que calificó la tragedia como el accidente ferroviario "más grave de la democracia", aludió a "tres causas" como las causantes de la tragedia. "Era un accidente previsible, una tragedia evitable", dijo.
La primera de ellas se refiere al cambio en 2010 del proyecto original en la línea del sistema de frenado automático ERTMS, "que llegaba hasta Santiago", sin llevar a cabo previamente una evaluación de riesgos.
Además, indicó que en junio de 2012 se desconectó dicho sistema ERTMS "porque daba retrasos", y que el jefe de maquinistas de Ourense, José Ramón Iglesias Mazaira, había advertido, mediante correo electrónico, a los altos cargos de Adif, "de la peligrosidad de la curva y no se le hizo caso", advirtió Domínguez.
