La Candidatura de Unitat Popular puso el jueves sobre la mesa dos polémicos temas relacionados con la seguridad, que tendrán repercusión futura en la ciudad. El primero persigue la condena de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Gobierno del PP, la denominada Ley Mordaza, y pide que la policía no tramite multas basadas en las sanciones previstas en esa normativa.
Tras un intenso debate, la propuesta salió adelante. El rechazo del PSC y CiU a que la medida afectara al ejercicio profesional de los agentes no prosperó. La Policía Municipal, por lo tanto, deberá decidir ahora si ignora la ley o el mandato del pleno.
En su segunda propuesta, la CUP pidió la disolución del Grup d’Intervenció Especial de la Policía Municipal, con un detallado relato de incidentes y denuncias.La moción no prosperó y el PSCla rechazó, pese a llevar la supresión del GIE en su programa electoral. El gobierno de Jordi Ballart se comprometió a llevar a cabo una revisión integral del modelo policial y del GIE.
