La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Terrassa consiguió parar ayer un desahucio en uno de los bloques de pisos del barrio de Montserrat pocas horas antes de que el Parlament aprobase la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la emergencia habitacional y la pobreza energética. Era la segunda vez que la familia de Fátima, a quien una entidad bancaria quiere expulsar de la vivienda, se enfrentaba a un lanzamiento.
Diversas personas se acercaron al barrio de Montserrat animadas por los mensajes que la plataforma difundió a través de sus miembros y de la redes sociales pidiendo ayuda para Fátima, que vive en el piso con sus cuatro hijos. Uno de ellos es un bebé de un mes.
La movilización de la PAH logró detener el desahucio hacia las 11.30 de la mañana, tras una hora de protesta frente a la vivienda y varias conversaciones con la entidad bancaria. La comisión judicial no llegó a presentarse al edificio.
La ILP sale adelante
Por la tarde, muchos miembros de la PAH se desplazaron al Parlament de Catalunya para presenciar el pleno que aprobó por unanimidad en casi todos los puntos la ILP de la vivienda. PP y C’s se abstuvieron en dos artículos, el 3 y el 7, referentes al procedimiento judicial para la resolución de situaciones de sobreendeudamiento y en lo relativo a las medidas para garantizar la función social de la propiedad y aumentar el parque de viviendas asequibles de alquiler. C’s también se abstuvo en la votación del artículo 4, referente a la extensión de la cancelación del pasivo. La proposición de ley salió adelante con 121 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención en la votación final.
La ley de medidas urgentes para la vivienda es la última que habrá aprobado el Parlament en esta legislatura. Se ha tramitado por el procedimiento de máxima urgencia y recoge medidas para combatir, por un lado, el sobreendeudamiento de las personas y las familias con relación a la vivienda, los desahucios y las situaciones de vulnerabilidad que pueda comportar el hecho de no tener hogar o quedarse sin, y, de la otra, la pobreza energética. Entre otros aspectos, prevé supuestos para ofrecer un alquiler social por un mínimo de tres años en caso de carencia de vivienda y que las administraciones garanticen el realojo de las personas en riesgo de exclusión residencial durante los procesos de desahucio.
La iniciativa promovida por la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), el Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) llegó a la cámara catalana con el aval de un total de 143.380 firmas y se empezó a debatir el pasado 9 de julio. Muchas de las medidas planteadas en la ILP formaron parte de la iniciativa que la PAH presentó en el Congreso de los Diputados y que fue tumbada por la mayoría absoluta del Partido Popular.
Según datos jurídicos, desde que empezó la crisis en el 2008, Catalunya acumula más de 50 mil desahucios por motivos económicos, lo que supone unos 20 lanzamientos diarios. La PAH de Terrassa estableció diversos puntos fijos en su sede, el Ateneu Candela, el Casal Popular Atzur, el local de la FAVT y los sindicatos CGT, CCOO y UGT para conseguir firmas para la ILP.
