El agua, en nuestra ciudad, está gestionada desde 1842 por la empresa privada Mina Aigües de Terrassa. En 1941, el Ayuntamiento le otorgó una concesión por 75 años, esto es, que finalizará a finales de 2016. Tal vencimiento ha coincidido con los nuevos aires que soplan en la política, y el surgimiento de plataformas ciudadanas y de todo un movimiento a favor de que la gestión del agua, declarada por las Naciones Unidas como un bien público, la realicen directamente los ayuntamientos, o, al menos, que sea repensada y no mercantilizada. En este contexto surgió hace un año la Taula de l’Aigua de Terrassa, que conjuntamente con la plataforma Aigua és Vida organizó el sábado, en el Casal de Barri del Segle XX, la segunda Àgora de l’Agua.
Fueron casi cinco horas de apasionados debates e intervenciones sobre la gestión del agua, y el negocio y los intereses que genera, que subieron en intensidad en la segunda parte de la jornada, dedicada a la situación en Terrassa. La abrió Ramon Clariana, presidente de la Favt y miembro de la Taula de l’Aigua, entidad que, tras estudiar el tema, ha llegado a la conclusión de que "el mejor sistema es la municipalización. Mina tiene beneficios anuales de un millón de euros, que van a parar a sus accionistas, y que podrían destinarse a la ciudad".
¿Argumentos a favor de la municipalización? "La gestión privada es opaca, tiene confidencialidad. El agua pública es un veinte por ciento más barata que la privada. Los beneficios se podrían reinvertir. El control de gestión. Actualmente, en Catalunya, el agua es un monopolio privado. El ochenta por ciento la gestiona Acgar y sus filiales".
El caso de Montornès
París ha municipalizado recientemente el agua. En Catalunya, lo han hecho unos pocos municipios, entre ellos el de Montornès del Vallès. Jordi Delgado, concejal de esta localidad, explicó con sumo detalle cómo había sido el proceso, en una situación similar a la de Terrassa. "Cuando en 2011, IC-EV volvimos al gobierno, una de nuestras prioridades fue la remunicipalización de servicios. En Montornès, el agua llevaba cincuenta años en manos de una empresa local, pequeña, a la que, como en Terrassa, le vencía el contrato. La empresa, por la liquidación, nos pedía seis millones de euros". Fueron a buscar asesoramiento técnico en el Consorci per a la gestió d’Aigües de Catalunya (Congiac), que agrupa a los ayuntamientos implicados en el agua, y comenzaron a trabajar. Encontraron que la liquidación les bajaba a 250 mil euros, que la empresa llevaba décadas sin presentar informes de gestión, que tenían un sistema de control sin estrenar, "y como esto tantas cosas".
Así que decidieron municipalizar, a través de la marca Aigües de Montornès. Con ello, "hemos mantenido los trabajadores, y hemos ganado en control democrático, transparencia y modernización del servicio". No han podido bajar la tarifa, "y quizá subirá, porque pagamos un precio justo a los trabajadores, y hemos hecho inversiones en el tratamiento y la calidad".
Arenys de Munt municipalizó en 2010 (y ha tenido que subir las tarifas), y Ripollet quiere hacerlo el próximo año, y Enric Cornés y la concejal Pilar Castillejo, respectivamente, explicaron sus casos. "Al municipalizar, no sé si el agua será más barata, pero sí que el precio será más justo, y todo más transparente", afirmó Jordi Giró, presidente de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (Confavc). "Hay que hacer frente a la empresas que toman recursos públicos para sus beneficios." La Confavc formaba parte del consejo de administración de la Agència Catalana de l’Aigua (Aca). "En la cuarta reunión a la que asistí, le dije al presidente ‘hemos de hablar de precios y de las trampas que se están haciendo’. Al poco, nos aplicaron la ‘ley omnibus’ y nos substituyeron por una entidad que consideraron más afín a sus intereses".
Una decisión pendiente
Esperada era la intervención de Marc Armengol, teniente de alcalde del tema en el Ayuntamiento de Terrassa, que dijo estar recabando "la máxima información posible" para decidir cómo se gestionará el agua en la ciudad a partir de 1917. Despertó preguntas y críticas. Para Salvador Pérez "no es un problema de desconocimiento o de complejidad. En 36 años este gobierno del PSC ha sido incapaz de sacarse la presión de un poder fáctico como es Mina". La ex concejal Eva Herrero afirmó que "no es cierto que la gestión privada sea más eficiente que la pública. ¿Quién mejor que el PSC, que lleva gobernando 36 años, para tener conocimientos sobre la gestión del agua en Terrassa?"
Armengol replicó con contundencia que el PSC "está por el control público del agua. No estamos por la privatización, ni en contra de la municipalización. Lo que decimos es que queremos estudiar todas las otras opciones . Entre el público y el mixto hay diferentes variantes". Y añadió que "Agbar tiene el diez por ciento de Mina y, a día de hoy, presión ni una", y que "el modelo actual está descartadísimo". Clariana le objetó que Agbar tiene el 33% de Mina "de forma directa, y no especularé si tiene más porcentaje de forma indirecta".
