La crisis que ha acabado con el distanciamiento, parece que definitivo, entre Convergència Democràtica y Unió Democràtica ha generado una situación paradójica que no por legal deja de ser motivo de debate. Se trata de la situación en la que quedan los cargos electos de Unió Democràtica que iban en las listas de CiU y mantienen la vinculación a su partido y especialmente la de los cargos electos de Unió que han decidido abandonar el partido para incorporarse a Demòcrates de Catalunya.
Esto es, la alcaldesa de Matadepera ha anunciado esta semana que abandona Unió Democràtica para entrar a formar parte de Demòcrates de Catalunya. La decisión es absolutamente legítima, coherente y no se cuestiona, pero en qué situación queda. Mireia Solsona se presentó a las elecciones municipales formando parte de una coalición que ya no existe y de un partido al que deja de pertenecer. Está claro que la designación como alcaldesa es personal, pero cómo se entiende el hecho desde la ética política.
Exactamente en la misma situación se encuentra, nada menos, que la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert. Al igual que la alcaldesa de Matadepera fue elegida gracias a formar parte de una coalición que no existe y un partido del que se ha desvinculado.
Especialmente criticada fue la decisión de los denominados diputados díscolos del PSC, que mantuvieron sus escaños tras dejar la disciplina del partido que les posibilitó su acceso al Parlament. El caso tiene ciertas similitudes y en lo tocante al PSC se hablaba de transfuguismo, como se habló en Terrassa con el caso del concejal del PP que abandonó su partido sin devolver el acta de regidor.
Quizás en el caso de Unió Democràtica y Demòcrates de Catalunya haya matices, pero sin duda se genera una situación paradójica de la que no se sabe si buscar una explicación desde la legalidad, desde la ética o desde la elegancia y la higiene democráticas. Seguramente habría una respuesta desde cada una de esas perspectivas. ¿Qué derecho tiene Unió Democràtica, o qué vinculación existe entre Unió Democràtica y los cargos que ocupan gracias a su coalición con Convergència? ¿Qué derecho tiene o que vinculación existe entre Unió y los cargos que han manifestado que se incorporarán al nuevo partido? ¿Deberían renunciar unos y otros? Si renuncian ¿quién ocuparía el cargo, el siguiente en la lista de CiU o un miembro de Unió?¿Debería prever esto la ley electoral que nunca se reforma?
