El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, redujo a un delito contra la Hacienda Pública la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por la que fue detenido el pasado 16 de abril, sin que "por ahora" haya indicios de blanqueo o alzamiento.
Lo hizo en un auto en el que rechazó el recurso que interpuso la Asociación de Abogados Demócratas (Adade) contra su decisión de no admitir que se persone como acusación popular en este procedimiento porque la "relevancia social" del exministro de Economía no es requisito suficiente para ello.
"De lo actuado hasta ahora, la única causa diferenciadora de especial relevancia" a la que alude la asociación para formar parte de la causa "no es otra que la significación social y, por ello, mediática del denunciado", lo que resulta "a todas luces insuficiente" para admitir su personación, sostiene.
Y el hecho de que se haya permitido en otras causas no debe tener, "per se, efectos desvirtuadores" en ésta.
Según recordó en su resolución, la Audiencia Provincial de Madrid ya descartó que el expresidente de Bankia hubiera podido cometer un delito de alzamiento de bienes, que podría tener una relación "genérica" con "los casos más importantes de corrupción" que persigue Adade.
"El único delito que empieza a aparecer perfilado es el de contra la Hacienda Pública", subrayó el magistrado, que explicó que se trata de "un delito determinado sin relación -por ahora- con hechos que se puedan relacionar con actos de corrupción".
Así, consideró que el perjudicado "concreto" del mismo "es el Estado, representado por la Abogacía del Estado", que ya ha pedido personarse.
En la denuncia inicial que dio origen a esta investigación, la Fiscalía de Madrid acusaba a Rato de cinco delitos fiscales, uno de blanqueo y otro de alzamiento de bienes.
Llegó a esta conclusión tras recibir un informe de la Agencia Tributaria en el que alertaba de los "riesgos" de que Rato pudiera ocultar pruebas o destruir documentos de operaciones de blanqueo y alzamiento de bienes y su intención de ocultar ingresos, motivos por los que Hacienda pidió su detención.
La Audiencia Provincial de Madrid se pronunciará próximamente.
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