La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cumple este lunes su primer mes en el cargo, treinta días en los que sus palabras, gestos y decisiones han sido el centro de todas las miradas, pero también objeto de muchas críticas.
Colau ha dejado claro que quiere liderar el cambio en la ciudad y confía en la capacidad de su formación, Barcelona en Comú, para sacar su proyecto adelante, lo que desagrada a la oposición, que le recuerda que quien manda es el pleno, que representa a todos los barceloneses y que al ser un gobierno en minoría ha de buscar consensos.
A dos días del pleno de cartapacio aún no hay acuerdos que permitan aprobar la nueva organización interna del Ayuntamiento, ni tampoco sobre las retribuciones de los cargos electos ni sobre el reparto de la reducción de personal eventual a la que el consistorio está obligado por ley.
A Colau le llueven críticas por la contratación de personas vinculadas a esta candidatura, como la nueva jefa de comunicación Águeda Bañón o la asesora de vivienda Vanesa Valiño.
Lleva un mes repitiendo en las redes sociales y en cualquier tipo de contacto con los medios que Barcelona en Comú está en el punto de mira, que el nivel de exigencia es superior al que han tenido gobiernos anteriores y que hay mucho ruido de fondo y pidiendo que se les juzgue “por los hechos”.
El pasado viernes, el mismo día que se hizo público que Ada Colau es el político barcelonés mejor valorado por sus convecinos, en un tuit la alcaldesa aseguraba que “es agotador tener que defenderse todo el rato de tantas mentiras”.
Ese día, CiU, ERC y PSC forzaban un pleno extraordinario para impedir al gobierno renunciar a la candidatura a los JJOO de Invierno 2026, una decisión que ya se ha concretado, puesto que el gobierno ha cesado al comisionado y no ha nombrado a uno nuevo con el argumento de que no es una prioridad.
Entre los “hechos” del primer mes por los que la alcaldesa pide que se le juzgue, destacan los relacionados con la “emergencia habitacional”, nítidamente la principal prioridad para Barcelona en Comú y Ada Colau, exportavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
No en vano, la alcaldesa Colau empezó su tarea al frente del consistorio acudiendo personalmente a impedir un desahucio y ha reactivado la comisión mixta de prevención de desahucios, que ha decidido presidir y que ya se ha reunido.
También ha mantenido encuentros con algunos banqueros para hablar de desahucios y cesión de viviendas, empezando por Isidre Fainé de CaixaBank, y tiene en agenda hacerlo esta semana con los responsables de la Sareb -el denominado banco malo-, y ha pedido la suspensión del desalojo del bloque La Bordeta, ocupado por la obra social de la PAH.
Y es que el quehacer de Barcelona en Comú en sus primeros 30 días de gobierno ha consistido sobretodo en confirmar algunas cosas y cargos y detener y cesar otras.
Así, ha confirmado al intendente de la Guardia Urbana, Evelio Vázquez; la normativa que permite a los comercios del centro de la ciudad abrir seis horas nueve domingos de julio, agosto y setiembre, y ha ampliado la partida para cobertura alimentaria de niños y jóvenes.
Ha entregado personalmente a GSMA, la patronal de la telefonía móvil, que organiza anualmente el Congreso Mundial de Móviles, la propuesta para que el evento siga en Barcelona hasta 2023.
Ha retirado al Ayuntamiento de la acusación penal contra cuatro huelguistas del 29M, ha congelado la concesión de nuevas licencias hoteleras y paralizado el concurso para privatizar la gestión de dos guarderías infantiles, que ha asegurado que abrirán en setiembre con personal municipal.
También ha retirado la subvención de 150.000 euros para la celebración en Barcelona de la reunión anual del Parlamento Cultural Europeo el próximo otoño.
Todo sin dejar de ser una activista, lo que ha quedado claro cuando se ha sumado a la campaña contra el centro de internamiento de extranjeros (CIE).
Ha participado asimismo en la manifestación del día del orgullo gay y ha expresado su apoyo al gobierno griego.
El último cartucho que ha disparado: anunciar que ya ha pedido a la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) los informes sobre la construcción del tranvía por la Diagonal con la intención de encargar los estudios previos necesarios para redactar y licitar el proyecto en setiembre y hacerlo realidad en este mandato.
