Ciutadans ha instado a la Delegación del Gobierno en Catalunya que estudie la legalidad de los juramentos de concejales en 25 municipios catalanes, entre ellos Terrassa, que utilizaron la fórmula propuesta por la Associació de Municipis per la Independència. El partido en la ciudad entiende que el representante de ERC, Carles Caballero, infringió la ley al jurar la Constitución "por imperativo legal" y mostrarse, a renglón seguido, dispuesto a declarar la independencia de Catalunya.
Literalmente Caballero dijo: "Por imperativo legal prometo. Además, juro por mi conciencia y honor que no decansaré hasta ver nuestra tierra libre".
"Entendemos que cometió un ilícito -explica Javier González, portavoz municipal de Ciutadans en Terrassa- . En base al texto de la AMI hizo uno alternativo y propio". El grupo municipal ha solicitado el acta provisional del pleno "para tener la literalidad de la fórmula utilizada" y manifiesta su intención de sumar la denuncia local a la formulada por el partido a nivel nacional.
El grupo espera tener acceso al acta en la junta de portavoces previa al pleno del 23 de julio. En esa sesión "haremos constar la irregularidad de la fórmula utilizada por Caballero y anunciaremos que nos reservamos el derecho de emprender medidas legales".
Ayer, el concejal de Esquerra Republicana se mostró convencido de que la iniciativa de C’s "no tiene base jurídica" porque, entiende, sus palabras "encajan en la legalidad. Repetiré la broma en el pleno de julio -dijo Caballero-, porque puedo llevarla al absurdo. Juré no descansar y eso es legal, ¿o acaso está prohibido?".
Votaciones nulas
Ciutadans cree que en varios municipios hubo cargos electos que "juraron la Constitución por imperativo legal" y posteriormente añadieron una fórmula "que desnaturaliza el juramento anterior, ya que se pusieron a disposición de President de la Generalitat y del Parlament después del 27S para declarar el estado catalán libre y soberano", denunciaba el subsecretario de acción municipal de C’s, Carlos Carrizosa.
La formación naranja entiende que esos juramentos "fueron nulos" y le pide a la Delegación del Gobierno que estudie si deben invalidarse.
Carrizosa sostiene que el gesto de los concejales "equivale a la ruptura del vínculo entre el cargo público y los ciudadanos" por entender que "no están actuando conforme a la ley" y advierte que, si su denuncia prospera, podrían resultar nulas las votaciones en las que esos cargos públicos hayan tenido un papel clave.