Una veintena de personas se concentraron ayer a las siete de la tarde ante las puertas del Ayuntamiento para protestar contra la Ley de Seguridad Ciudadana, la denominada popularmente ley mordaza.
Bajo el lema "Juntes estripem la llei mordassa", los manifestantes convocados por Solidaritat Antirepresiva de Terrassa (SAT) reclamaron el derogamiento de una ley que para muchos es considerada un atentado contra los derechos y las libertades de los ciudadanos. "Mediante el aumento del control social y el establecimiento de unas sanciones económicas desmesuradas y desproporcionadas, estas reformas criminalizan y penalizan la disidencia, la pobreza y la solidaridad y a la vez vulneran el derecho de manifestación, la libertad de expresión y la de información", aseveran desde la SAT. Miriam Pi, miembro del colectivo, añadió: "es un retroceso claro hacia el franquismo".
Con este acto, que confiesan "precipitado" quieren que la sociedad sea consciente de la entrada en vigor de la ley mordaza y que conozca sus consecuencias. Además buscan que el Ayuntamiento "sea coherente. Si se opone a la ley, luego que no sancione estrictamente", subraya Pi.
La normativa, impuesta por el Gobierno pese a la oposición del resto de partidos (que han afirmado que si ganan las elecciones la derogarán) de la ciudadanía y de un amplio grupo de organizaciones sociales, entró en vigor ayer. Entre otras cosas, esta ley prohibe fotografiar a policías, parar un desahucio, manifestarse junto al congreso y el senado, el consumo de drogas en la vía pública o la resistencia pacífica y las sentadas. Todo ello se castiga con multas que van desde los 601 euros a los 30 mil. Por otra parte, realizar una protesta en una "infraestructura que presta servicios básicos para la comunidad" o Tuitear sobre una protesta o manifestación venidera se pena con entre 30 mil y 600 mil euros.
El PSC, en contra
La nueva ley es "un instrumento para hacer una política represiva". Así de contundente se ha mostrado la secretaria de Drets i Llibretats civils del PSC de Terrassa en un comunicado enviado ayer. Melgares añade que "los populares no han sabido adaptarse a la realidad, no toleran la participación ciudadana, no la saben gestionar y por eso la penalizan".
