España tiene una de las políticas de vivienda social "más endebles de Europa" con tan sólo un 1,1 % de viviendas de este tipo, frente al 32 % de los Países Bajos, el 23 % de Austria, el 18 % del Reino Unido o el 17 % de Francia.
Así lo denuncia Amnistía Internacional (AI) en el primer informe que ha elaborado sobre la vivienda "Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España", en el que alerta de la pérdida de vivienda o el riesgo de perderla que sufren cientos de miles de personas por las ejecuciones hipotecarias consecuencia del desempleo y el sobreendeudamiento que les azota desde el inicio de crisis en 2008.
Durante la presentación del estudio, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, ha advertido de que "el derecho a la vivienda corre peligro en España" y ha denunciado que "las autoridades no hayan adoptado medidas suficientes para proteger y hacer efectivo ese derecho".
Los desalojos hipotecarios están entre las manifestaciones más graves del perjuicio que la austeridad causa en el disfrute de los derechos humanos por parte de las personas que sufren las peores consecuencias de la crisis económica, ha aseverado.
Los procesos de ejecución hipotecaria
Entre 2008 y el primer trimestre de 2015, se han iniciado 598.747 procesos de ejecución hipotecaria en España, según el Consejo General del Poder Judicial.
"Ni el Gobierno central ni las comunidades autónomas han aprobado leyes que desarrollen el contenido y el significado del derecho a la vivienda, ofrezcan garantías adecuadas y permitan impugnar las violaciones de este derecho ante los tribunales", ha subrayado Beltrán, quien ha lamentado la falta de protección de las personas que están en peligro de sufrir un desalojo.
A su juicio, las medidas adoptadas desde 2012 por el Gobierno para mejorar la situación de estas personas, como el Código de Buenas Prácticas para los bancos o el Fondo Social de Viviendas o la "ley de segunda oportunidad", son "insuficientes" para que España cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La investigación de Amnistía se centra en las comunidades de Madrid y Cataluña, debido al elevado número de desalojos que se ejecutan en ambas regiones, el gran número de viviendas vacías y el auge de movimientos sociales activos.
