El Congreso de los Diputados aprobó ayer definitivamente la ley de jurisdicción voluntaria que permite que actos como casarse y divorciarse de mutuo acuerdo se realicen sin intervención de los jueces por operadores jurídicos como secretarios judiciales y notarios.
La norma contó con el voto favorable del grupo popular, con mayoría absoluta, y la apoyaron en líneas generales CiU y PNV, mientras que otros como PSOE, la Izquierda Plural y UPyD discreparon con el texto aprobado.
La diputada del PP Beatriz Marta Escudero recordó que se ha dado cumplimiento a una de la prioridades del Gobierno de Mariano Rajoy ante la "urgencia y necesidad de dar respuesta a una justicia civil nueva" y "al día a día de las personas".
Añadió que la reforma de la jurisdicción voluntaria era una de las piezas que quedaban por encajar en el mandato de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, que daba un plazo de un año para la misma y que "de forma sorpresiva" retiró el anterior gobierno socialista", motivo por el que durante estos quince años se ha seguido aplicando la norma de 1855.
La portavoz popular aclaró que no se trata de una privatización de un servicio público ni de crear una justicia para ricos y otra para pobres "como frívolamente simplifican" algunos grupos de la oposición, sino que "desjudicializa" procedimientos de una naturaleza más administrativa.
Escudero explicó que da la opción de que puedan tramitarse múltiples asuntos civiles voluntarios por operadores jurídicos con todas las garantías como los secretarios judiciales de forma gratuita al suprimirse las tasas o hacerlo ante notarios o registradores cuando se crea que el arancel correspondiente compensa para una mayor celeridad.
Por su parte, el diputado del PSOE Antoni Such consideró que la ley no regula toda la jurisdicción voluntaria y lamentó la falta de consenso que, a su juicio, se debe a la "apuesta conservadora" del Gobierno con el "carácter privatizador" de la ley.
