Las agencias de colocación catalanas colaboran desde finales del año pasado con la Generalitat, en el marco de una experiencia piloto, en la inserción de parados con especiales dificultades de acceso al mercado laboral. Este sector también ha empezado a colaborar con el Gobierno central para formar y asesorar a los beneficiarios del plan Prepara (subsidio de 420 euros al mes) para que encuentren trabajo. Sin embargo, desde el ámbito estatal están surgiendo algunos problemas normativos que se trasladan también a Catalunya. Después de un año de litigios, el Estado designó a las agencias que, nivel estatal, gestionarán la inserción de los desempleados en el marco del plan Prepara. En Catalunya y Aragón la adjudicación del servicio recayó en Master Cum Laude, que tiene el apoyo de diecisiete agencias catalanas de colocación agrupadas para este proyecto. Estas agencias no participaron directamente en el concurso, ya que la Generalitat tiene transferidas las competencias de políticas activas y no están homologadas a nivel estatal.
El problema, explica el terrassense Àngel Buxó, presidente de la Asociación Catalana de Agencias de Colocación y Empresas de Recolocación (Acacer), con sede en Terrassa, se registra cuando un desempleado, que ha sido formado y asesorado por una agencia para encontrar empleo, encuentra trabajo por sí mismo en el marco de ese proceso de asesoramiento. Entonces, con la actual legislación, no computa como insertado por la agencia, y por tanto, ésta no ingresa el importe pactado por la labor realizada a favor de este parado. "Aquí estamos acostumbrados a trabajar no sólo enviando currículums, sino también en el asesoramiento para ir a buscar empleo a las empresas", comenta Buxó, que sostiene que, en cualquier caso, si el parado encuentra empleo por sus medios durante el proceso de aprendizaje debe computar como insertado por la agencia. "Más de la mitad de los parados acaba encontrando empleo por esta vía, es decir, por sí mismos, pero claro, en el marco de nuestro asesoramiento", añade. Las agencias de colocación catalanas, añade Buxó, "están muy quejosas con esta situación. El problema, además, es que la Generalitat hizo propia esta normativa estatal y la trasladó a nivel catalán, aunque ya ha manifestado su intención de cambiarla. En Catalunya, creemos, deben regir la reglas del SOC (Servei Català d’Ocupació)". Buxó añade que, si se mantiene la actual situación, no tiene "demasiado sentido trabajar con el Gobierno español".
Foro de debate
Éste fue uno de los asuntos que surgió en el foro que organizó Acacer en Barcelona, en el que participaron diversos expertos para opinar sobre el modelo de colaboración público-privado en este sector y el camino para hacerlo más eficiente. En septiembre de 2014 se aprobó la reforma SOC permitiendo a las agencias de colocación participar en la intermediación laboral para determinados colectivos de personas en situación de desempleo como, por ejemplo, personas mayores de 45 años que lleven más de seis meses que están inscritas ininterrumpidamente como paradas, pero hay más requisitos y más colectivos. Con todo, la medida es vista por el sector como un primer paso "hacia un cooperativismo entre sector público y privado, como ya ocurre en otros países".
En la jornada Jaime López Cossío, socio director de la empresa Laudantis y experto en diseño y gestión de políticas y servicios de formación, aseguró que " la cooperación pública y privada no se generalice es un problema".
"El servicio público no puede llegar a todos y trabajando juntos serían más eficientes y, en mi opinión, la gente encontraría más oportunidades de empleo con mayor facilidad porque se podría trabajar con perfiles más concretos y ofertas específicas". Cossío añadió que "es conveniente que haya operadores privados al igual que el endeudamiento público debe tener un límite". En opinión de Cossío con la actual legislación se ha puesto freno a la cooperación. "Es evidente que intermedian más elementos en los procesos de selección: hay colegios profesionales, bolsas de empleo de los colegios privados, etcétera. Y ya no hablemos de los portales online", añadió. Olga Campmany, todavía directora del SOC (ver recuadro ), pronosticó que "en 2018-2019 estaremos en una situación mucho mejor". Evidenciando que existe una preocupación por el actual diseño de las políticas activas de empleo, Campmany aseguró que "no ha habido una relación suficiente entre políticas activas y pasivas para que cada una se gestiona por Gobiernos diferentes. Es uno de los graves problemas que hemos tenido". Las primeras son las gestionadas por las comunidades; las segundas son las dirigidas a sostener la renta de los parados, competencia del ejecutivo central.
